Getxo sustenta su desarrollo urbanístico en un Plan General de hace dos décadas

Más de nueve años llevan en Getxo enzarzados en el proceso de renovación del Plan General (PGOU), que marcará el futuro desarrollo urbanístico del municipio. La última fecha apuntada por el responsable de Urbanismo, Iñigo Urkitza, es que queda pendiente uno más, pues espera que se apruebe «en el último trimestre de 2021». Todos los partidos de la oposición (PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) han criticado tanta demora, que se construya nueva vivienda o que se concedan licencias con la referencia de un PGOU que data de hace dos décadas. Desde entonces, la visión de crecimiento de la ciudad ha sido muy diferente. En todo este tiempo, se han realizado más de 35 cambios puntuales del planeamiento para dar permisos de construcción de viviendas y hasta se han concedido licencias provisionales, principalmente en Andra Mari.

También asociaciones vecinales, como Auzokideok, reclaman normas actualizadas. A día de hoy interesan más los aspectos medioambientales, la sostenibilidad en materia de movilidad o de población sostenibles. Pero hasta el 6 de julio de 2011 no se dieron pasos para cambiar esa situación. La Junta de Gobierno acordó en esa fecha arrancar con una revisión que todavía está en el aire y que ha generado gran controversia. Por el camino queda un proceso participativo criticado para el que se creó un Lantalde con representantes de asociaciones, colectivos y vecinos.

Hubo más tropiezos, como un intento de adjudicación que quedó desierto al no presentarse equipo redactor alguno. Actualmente, se está confeccionando el documento que se someterá a votación, tras haber presentado previamente nueve alternativas a la ciudadanía. La mayor diferencia entre esas propuestas radicaba en que la primera de ellas proponía un crecimiento cero de población, mientras que otra contemplaba construir 4.658 pisos.

En tantos años se ha producido un salto urbanístico. En mayo de 2001 estaba de consejero de Vivienda Javier Madrazo, de Ezker Batua. Cuando en Uribe Kosta proliferaba la moda de levantar adosados y chalés, Madrazo apostó construir en vertical para aprovechar al máximo el terreno. Fue cuando al frente de la Corporación getxotarra Iñaki Zarraoa lanzó un plan para construir 8.000 pisos en Andra Mari, la zona rural del municipio costero. Su sucesor, Imanol Landa anunciaría después que se desechaba tras años de rechazo general. En el actual PGOU ni se contemplará. Y la población, que entonces apuntaba hacia los 90.000 habitantes, no llegará a esa cifra, pues actualmente en Getxo ha perdido habitantes y tiene censadas a 77.946 personas.

Durante tantos años sin un PGOU renovado se ha aprovechado para cohesionar el centro urbano. Eso ha propiciado la construcción de unas 500 VPO. La actuación más importante se ha llevado a cabo en Alango, donde han levantado los primeros 145 pisos en régimen de alquiler social, preferentemente para jóvenes. Precisamente, este tipo de arrendamiento es el que abanderan actualmente todos los partidos, en un municipio donde se ha reconocido «el éxodo juvenil» por los elevados precios del mercado inmobiliario y los problemas de los jóvenes incluso para comprar pisos de protección.

En Iturribarri, donde se ha denunciado la construcción en una zona con riesgo de inundabilidad, se contemplan otras 145 VPO. Actualmente, ya se han edificado cientos de pisos residenciales en esa área junto a Fadura, que sigue en desarrollo. Aquí se ha admitido levantar más alturas para dejar más espacios verdes, lo que ha generado quejas de residentes. También hubo un cambio puntual para ordenar toda el área Ormaza, en Andra Mari. Allí hay centros escolares, como Nuestra Señora de Europa, que pretenden ampliar sus instalaciones, y mucho terreno vacío con estradas estrechas y sinuosas. La previsión es dar luz verde a 119 VPO. Otras 60 se han construido en Konporte, cerca de la comisaría de la Policía Municipal.

Uno de los pasos admitidos para la redacción del plan fue analizar el número de pisos vacíos. Son más de mil de un parque de 33.627 viviendas. Pero la disparidad de criterios se nota en cuestiones como revisar los elementos de patrimonio arquitectónico a proteger.