Getxo ordena a una constructora que levante un palacete derribado por obras

Nada queda de ese edificio de casi dos siglos de antigüedad, lo que ha provocado una profunda «indignación» en el barrio. La situación ha llegado incluso a los despachos del Ayuntamiento. El área de Urbanismo ha enviado una notificación a la cooperativa en la que le ordena que restablezca la «legalidad urbanística por incumplir las condiciones de la licencia de obra».

El palacete está reconocido como de 'custodia municipal', un grado de protección local, tanto en el Plan General de Ordenación Urbana actual como en el que se aprobó de forma inicial en julio y que entrará en vigor en los próximos meses. Según ha podido saber este periódico, la Policía Local inspeccionó el lugar el pasado mes de agosto y comprobó que se estaban iniciando las obras y que se habían ejecutado «trabajos de derribo no autorizados» en el palacete que se debía rehabilitar. Una vez verificado, los servicios municipales han firmado un decreto en el que recuerdan a la constructora que «entre las condiciones de licencia y previo al inicio de obra se requerían una serie de condiciones no cumplidas hasta la fecha». En 2022 el Consistorio concedió un permiso para derribar las construcciones auxiliares y rehabilitar y construir 12 viviendas, garajes y trasteros.

Ampliar

Los técnicos municipales han solicitado, además, la paralización inmediata de todo el proyecto porque «se han ejecutado trabajos de derribo no autorizados sin la aprobación previa de los técnicos municipales, del preceptivo replanteo y la adopción de las medidas de seguridad y cierre de la parcela». Le dan «un mes» a la constructora para regularizar las obras y advierten, que no es una cuestión baladí, que el edificio derribado se encontraba a «menos de 2 metros de distancia de las edificaciones colindantes» por lo que ahora se deberá «analizar su regularización». EL CORREO se ha puesto en contacto con la empresa sin obtener ninguna respuesta.

«Ilícito penal»

El derribo ha generado «malestar» entre los vecinos que censuran que «mientras en Neguri se rehabilitan los edificios antiguos, aquí se derriban». Puntualizan que «no estamos ante una simple demolición sin licencia, lo cual supondría una irregularidad administrativa». «Hay una diferencia sustancial porque se ha tirado un edificio protegido y es un ilícito penal previsto en el artículo 323 del Código Penal y acarrea penas de prisión de seis meses a tres años o multas de doce a veinticuatro meses, al tiempo que pide que se restaure el bien dañado». Requieren al Ayuntamiento que pongan este «hecho en conocimiento de la Fiscalía».

EH Bildu pedirá «explicaciones» en comisión. La coalición estaba realizando un «seguimiento» al expediente después de que los residentes protestasen por las obras. «La estructura se tenía que haber protegido sí o sí, no puede ser lo que ha sucedido», critica el portavoz, Mikel Bildosola.