Getxo exigirá hasta 500.000 euros por reformar una casa sin licencia en La Galea

El Ayuntamiento de Getxo ha solicitado a los propietarios que reformaron este pasado verano una vivienda sin licencia, junto al mar, en el acantilado de La Galea, que «restituya la legalidad». El Consistorio le exige que devuelvan el edificio al estado anterior a la rehabilitación y, de no hacerlo, anuncia un «expediente sancionador, que podría acarrear multas de entre 5.000 y 500.000 euros».

Según han informado portavoces municipales, los dueños del inmueble usado como casa turística, han presentado «alegaciones al requerimiento municipal para legalizar la obra y el expediente está en fase de contestación». El Consistorio envió a la Policía Local para constatar las «irregularidades», después de que este periódico desvelase en septiembre que los propietarios no habían comunicado la actuación a las administraciones. No solicitaron la licencia pertinente en el departamento de Urbanismo del Consistorio getxotarra, pero tampoco lo notificaron a la Agencia Vasca del Agua (URA) ni a la demarcación de Costas. El inmueble está ubicado en un espacio de especial protección «de interés público», dentro de una zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en el que están limitado al máximo las intervenciones urbanísticas.

La empresa que tiene registrado el inmueble en plataformas de alquiler turístico, reformó en profundidad el edificio, pintó la fachada, eliminó y abrió ventanas y cambió la cocina. Lo ofertaba en páginas de alquiler vacacional como en Airbnb por 439 euros la noche durante algunos fines de semana. El anuncio dejó de publicarse en la página web después de que el Consistorio confirmase a este periódico que la rehabilitación de la casa se había llevado a cabo sin disponer de las autorizaciones necesarias y anunciase medidas contra los propietarios.

En los próximos días, el Ayuntamiento valorará si toma en consideración las alegaciones. Será complicado porque los técnicos se decantan porque vuelva a su estado original. A pesar de que la vivienda fue construida en 1970, se ubica en un espacio que no permite usos residenciales desde la aprobación de la ley de Costas. La normativa hace excepciones con los espacios residenciales edificados anteriores a la normativa.