Getxo busca regenerar Sarrikobaso con la demolición de un inmueble en mal estado

Álvaro González, concejal de Patrimonio y Vivienda, ha aclarado este jueves en la comisión de Territorio que «el informe del arquitecto es necesario, pero no suficiente». Ante la pregunta lanzada por EH Bildu, el edil ha asegurado haber contratado un servicio externo porque «los propietarios tienen que saber por qué se declara la ruina y el Ayuntamiento debe protegerse a su vez de una acusación de arbitrariedad en caso de acabar en los tribunales».

La reordenación definitiva de Sarrikobaso –también afecta a los números 9, 11, 17 y 19– lleva más de 15 años en el tintero y la oposición acusa al equipo de gobierno (PNV-PSE) de su demora. El Ayuntamiento admitió en 2019 una alegación al proyecto urbanístico inicial y aprobó, en consecuencia, la modificación puntual del PGOU para incorporar a la Unidad de Ejecución una nueva parcela de alrededor de mil metros cuadrados en la calle Puerto Orduña, donde se prevé levantar una zona verde. Los soberanistas criticaron que la decisión «modificara las mayorías» de los propietarios, quienes habían llegado a un previsible acuerdo, dilatando aún más el proceso.

González, no obstante, aprovechó su intervención para justificar que la alegación se aceptó después de «comprobar que las viviendas de protección oficial no eran viables» por su reducido tamaño. Así y todo, Eduardo Andrade, portavoz del PP, matizó que «en 2016 no los técnicos no se dieron cuenta de que el espacio era pequeño, lo que indica que fue una decisión política» y añadió que «de un retraso previsible de seis meses, hemos llegado hasta el 2023, año en el que no parece que se vaya a adelantar nada dado que el nuevo plan urbanístico tiene un largo camino». En este sentido, la oposición pidió excluir el proyecto de Sarrikobaso del nuevo PGOU que se está trabajando para acelerar su reordenación.

Los vecinos llevan también años exigiendo acabar con este punto negro que consideran «vergonzoso» y que reconocen que degrada por completo el barrio. Aitor Ansoleaga, residente del número 7, manifestó su incredulidad frente al retraso de la operación, ya que de un primer vistazo se puede apreciar su penoso estado. «Llevan años sin darnos una solución y parece que todo ha ido a peor. No podemos entender como si en 2016 había entendimiento no se llegara a actuar», remarcó este vecino de 69 años, que habita en el inmueble desde los cuatro. Por el momento, se ha realizado una primera visita al edificio.

El único concejal de Elkarrekin Podemos, Xabier Benito, incitó igualmente al gobierno municipal a tomar medidas efectivas que den una alternativa a los residentes y recordó la posibilidad de «que el Consistorio compre las parcelas», algo que no se pudo ejecutar en su día al no «localizar al conjunto de propietarios».