Cuatro mujeres heridas en paellas de 2017 reclaman 1,65 millones a Getxo

Casi ocho años después, todas arrastran profundas secuelas, tanto físicas como psíquicas. Y el caso aún no se ha resuelto del todo. En diciembre quedó zanjada la vía penal. Una sentencia de conformidad condenó a un varón de mediana edad a dos años de cárcel por cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, tras alcanzar un acuerdo la Fiscalía, la acusación y la defensa. El hombre, que no tendrá que ingresar en prisión al carecer de antecedentes, fue la persona que trató de avivar una fogata con combustible, lo que acabó causando la bola de fuego que alcanzó a las víctimas, que no conocían al culpable.

Queda todavía la vía civil. Las cuatro mujeres que tuvieron que ser hospitalizadas reclaman ahora al Ayuntamiento de Getxo como responsable subsidiario de aquel incidente, que tuvo lugar en un evento autorizado y supervisado por la institución. La Administración cedió, además, los terrenos a una asociación (Itxas Argia) para la organización de la cita. Las afectadas piden el pago de una indemnización global de 1,65 millones de euros, en base a una serie de informes médicos y periciales. La semana pasada, el Consistorio aprobó un decreto rechazando esta demanda. Sus asesores legales declinan cualquier responsabilidad por parte del organismo municipal. Las cuatro mujeres tienen dos meses por delante para volver a llevar el asunto a los tribunales, esta vez en la jurisdicción contencioso-administrativa. Al menos una de ellas ya ha anunciado que seguirá batallando.

Lo sucedido en paellas en 2017 supuso un punto de inflexión en la celebración de esta fiesta. Desde entonces se ha incrementado la seguridad en el recinto y las exigencias a las cuadrillas participantes. La documentación judicial a la que ha tenido acceso EL CORREO aclara los hechos (en su momento hubo hasta tres versiones de lo acaecido, en función de la declaración de los testigos) y saca a la luz algunos detalles hasta ahora desconocidos.

Todo pasó a las 19.02 horas de aquel 23 de julio. El ahora condenado se encontraba en la fiesta, «en el toldo número 35, que había sido cedido a él y a una comparsa bilbaína». En un momento dado, esta persona intentó reavivar la fogata que había servido para cocinar una paella durante la mañana, con el objetivo de «preparar la merienda». Para ello, utilizó líquido inflamable que había llegado al escenario de los festejos camuflado en el interior de un recipiente diferente al original.

«Utilizó, de forma desproporcionada para lo que pretendía, un bidón que parecía contener desengrasante pero en realidad albergaba gasolina, y al arrojar el combustible, se incendió la garrafa y al soltarlo en el suelo, trató de pisarlo». Esta decisión se demostró, a la postre, fatal, ya que al saltar encima «se generó una fuerte llamarada y una explosión que alcanzó a varias personas». Así se describe en el auto judicial que puso fin a la instrucción del caso. En este mismo documento se señala que el varón aceptó desde el primer momento su responsabilidad en los hechos. «Le dijo a un agente de la Policía local que 'se le había ido de las manos'».

El fuego fue atajado «en tres minutos». Había justo al lado de los hechos profesionales de la DYA, que no tardaron en atender a las cinco mujeres. Las cuatro más graves han sufrido y siguen sufriendo un calvario, según describen en su reclamación. Por la vía penal fueron investigados tanto el responsable de Protección Civil de Getxo como la presidenta de la asociación organizadora, pero los jueces entendieron que la acción del condenado fue una imprudencia «de tal calibre» y «tan alejada de las mínimas reglas de experiencia y lógica, que ningún plan de autoprotección» hubiera funcionado. Por ese motivo, principalmente, quedaron exculpados. Todo el proceso seguido hasta ahora ha dejado un poso de frustración en las víctimas. «No comprendemos que el Ayuntamiento se desentienda de su responsabilidad. Si han cambiado la normativa a raíz de lo sucedido es porque no se actuó correctamente».