La construcción de un parking público en Berango desata críticas vecinales

Desde el Ayuntamiento, liderado por el PNV, defienden la necesidad según la demanda de los propietarios de las viviendas sin garaje. «Este proyecto no es un capricho ni una imposición externa, sino una solución a un problema que arrastra el barrio desde hace años», afirma la alcaldesa Itziar Aguinagalde. Los datos municipales registran hoy en día 215 vehículos (dados de alta) y poco más de 80 plazas de aparcamiento en el área.

En este sentido, los ciudadanos denuncian que la consulta popular, que respalda la ejecución, estuvo «dirigida» y es «arbitraria», ya que «dejó fuera a una parte importante de los ciudadanos». «Se han valido de solo 40 votos a favor». Además, en el pleno de julio pasado, la oposición, EH Bildu, PP, Elkarrekin Podemos, junto con el PSE –que forma parte del equipo de Gobierno– votaron en contra de la modificación de crédito de 715.248 euros solicitada por el PNV para cubrir la iniciativa. Ante esto, el Consistorio incluyó en noviembre el proyecto dentro de los presupuestos de 2025 para seguir adelante con la propuesta.

Esta situación ha motivado a la asociación vecinal Lantzarte Bizirik a intentar frenar el plan. Para ello presentó una alternativa «con menor impacto ambiental y económico», indican. Se propuso un diseño de parking en la avenida Simón Otxandategi y otro en batería en la entrada del barrio. Pero el Ejecutivo local lo rechazó porque «fragmenta el espacio libre».

Aunque la opción vecinal es «técnicamente viable según un estudio de arquitectura», al que los socios del colectivo recurrieron, los residentes lamentan que la alcaldesa «prometiera» que, en caso de existir otra posibilidad, se sometería a votación popular. Proceso que no se ha llevado a cabo. Este hecho ha intensificado las protestas con caceroladas y colocando pancartas en contra por todo el barrio, además de recoger más de 150 firmas que rehúzan el nuevo espacio. El colectgivo afirman que «no hace falta» y temen que sea el primer paso para una futura ocupación residencial.

El origen de la polémica se remonta a 2011, cuando se recalificó la campa en el Plan General de Ordenación Urbana de «suelo libre y deportivo» a «urbano» para levantar 80 viviendas tasadas. Entonces, el proyecto fue paralizado. La alcaldesa aclara ahora que esa anterior propuesta «pertenece al pasado y no guarda relación alguna con la política actual».