La polémica por el derribo de un palacete protegido en Algorta para construir 12 pisos de lujo, ha abierto la primera crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Getxo. El PSE, socio del PNV en el Ejecutivo local, decidió ayer por la tarde desmarcarse de ... la posición oficial. El partido de Carmen Díaz lo hizo, además, acusando a los jeltzales de «no facilitarles el expediente» del caso, una semana después de que EL CORREO publicase que los arquitectos municipales habían paralizado la obra por contravenir la obligación de mantener tres de las fachadas del inmueble y haberlo tirado abajo sin tener licencia para ello.
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Los socialistas recordaron que el «9 de septiembre», el pasado lunes, solicitaron la documentación para así disponer de ella y poder estudiarla antes de la comisión de Territorio, que se celebrará el próximo jueves 19 de septiembre y en la que se abordará este espinoso asunto. «No se ha materializado (la entrega del expediente) y mientras no conozcamos los detalles, el PSE se va a mantener en una posición de cautela y prudencia», remarcaron.
En este sentido, se mostraron profundamente críticos con el PNV que por la mañana envió una nota de prensa -sin que los socialistas le dieran el visto bueno- en la que el Ayuntamiento anunciaba que abría un expediente sancionador a la cooperativa Atalaya Ereaga por ser la responsable del derribo. Según ha podido saber este periódico, el desmarque del PSE no llegó porque no estén de acuerdo con tomar medidas contra la empresa promotora, sino todo lo contrario, porque consideran que faltan detalles importantes por conocer. Carecen por escrito de la cronología de los hechos, de las comunicaciones que la empresa ha ido enviando a los técnicos municipales y otras informaciones que consideran relevantes. Tampoco conocen el papel de los dos concejales del PNV que forman parte de la cooperativa como compradores -Inaxio Uriarte, portavoz del PNV, tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, Tesorería e Intervención del Ayuntamiento de Getxo, y su pareja, Irantzu Uriarte, concejala de Contratación y presidenta del Aula de Cultura-.
El papel de dos ediles jeltzales
La revelación socialista generó un pequeño terremoto porque en la última semana el Ayuntamiento ha optado por mantener una posición de silencio respecto al caso que ha generado una «gran indignación» entre los residentes. De hecho, el PSE envió su comunicado poco después de que el PNV asegurase que se había procedido de «idéntica manera que lo hace con cualquier otro caso similar de construcción de viviendas» y que «como cooperativistas los dos concejales afectados no habían participado del procedimiento administativo».
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Los jeltzales insistieron en que se habían desplegado las «medidas necesarias para proteger la legalidad urbanística» y que se estaba a la espera de que «la promotora recuperase las construcciones habilitadas por la licencia -es decir, levantar el paplacete- y respetase las condiciones de la custodia municipal» que tenía el inmueble destruido.
La promotora dice ahora que tiró el edificio para «evitar una desgracia»
La promotora, la cooperativa Atalaya Ereaga, decidió también ayer, poco antes de que lo hiciera el Ayuntamiento, dar su versión de los hechos. Según reconoció, el derribo en agosto se hizo «de urgencia para evitar desgracias personales a trabajadores o vecinos». Y aunque apuntó que «no estaba previsto en el proyecto original ni en la licencia municipal, el sentido común y la obligación de evitar desgracias lo hicieron inevitable» después de que se rompiera una «tubería de agua el 15 de mayo».
La rotura, según describió, provocó una enorme inundación en el solar y sus efectos en el terreno pusieron en riesgo la estabilidad de la fachada». Por eso, la «dirección de obra» optó por derribar «la fachada para evitar males mayores». La estructura, sin embargo, permaneció en pie más de dos meses, hasta que se tiró el pasado mes de agosto.
La promotora negó que vaya a afectar «al resultado final del proyecto que mantendrá exactamente el estilo y el diseño de la casa antigua». A renglón seguido y, a pesar de que comercializó la promoción por el valor «histórico» del edificio demolido, le restó interés. Eludió que fuera construido en 1845 y mencionó que tiene «82 años porque entonces el arquitecto Rafael de Garamandi lo reconstruyó después de que sufriera un incendio». Negó que fuera un palacete porque «en ningún documento público consta como patrimonio histórico a proteger», a pesar de tener una 'custodia municipal'.
Por último hizo una defensa férrea de los concejales. «No ha habido trato de favor», afirmó.
La nota del Ayuntamiento, de la que se desmarcó el PSE, restaba importancia a la protección municipal sobre el palacete incluida en el PGOU desde 2001 y aseguraba que la «custodia» no impedía el derribo o la rehabilitación integral del edificio, unas declaraciones a las que pusieron matices desde la bancada socialista y el resto de formaciones. En el caso del palacete de 1845 de estilo neoclásico los arquitectos municipales obligaban a mantener tres de las cuatro fachadas en base al proyecto presentado.
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El Consistorio apuntó que fue la empresa «aduciendo el grave riesgo derivado de una serie de desprendimientos y la dirección facultativa la que ordenó sin previo aviso al Ayuntamiento el derribo de los tres muros».
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