El Ararteko recomienda a Getxo regular las casetas de paellas a través de una ordenanza

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Ane Ontoso

De manera específica, Lezertua aconseja a los responsables municipales getxotarras que garanticen de «manera efectiva» el cumplimiento de las medidas acordadas para proteger las zonas del bosque de pinares y los brezales costeros. Además de impedir el paso y la ocupación de las zonas de seguridad habilitadas, recomienda también que las instalaciones desmontables se realicen «sin ningún material constructivo que altere o contamine el suelo». El Ayuntamiento de Getxo, en su opinión, debe tomar medidas para que las personas responsables de la instalación de las casetas restituyan el terreno a su situación anterior una vez concluida la fiesta.

De cara a posteriores celebraciones, el Ararteko sugiere promover «un espacio de participación entre las distintas personas interesadas» a la hora de regular este tipo de eventos festivos mediante una ordenanza municipal. En palabras de Lezertua corresponde al Ayuntamiento de Getxo establecer los requisitos para la instalación de casetas provisionales, implicando a «los diferentes colectivos y personas interesadas en la búsqueda de una armonía entre el desarrollo de esa actividad festiva de manera segura y la adecuada protección del medio ambiente de este entorno urbano».

El Consistorio, por su parte, ha expuesto de forma exhaustiva un conjunto de medidas promovidas hasta la fecha que, según la resolución, «han servido para reducir el impacto que genera la actividad recreativa en el espacio alternativo de titularidad privada». A ese respecto, el Defensor del Pueblo del País Vasco, estima, «positivas las medidas municipales acordadas para reducir los riesgos y minimizar los daños ambientales que ha generado la actividad festiva alternativa». Entre ellas destaca las labores de mediación que los servicios municipales llevan a cabo con las personas promotoras de esa actividad, «que han servido para establecer una serie de exigencias en el uso del terreno y la construcción de instalaciones más seguras y para tratar de buscar el compromiso de los jóvenes en las labores de limpieza y retirada de los residuos».

A este respecto, Lezertua hace hincapié en que la actuación de los poderes públicos para exigir el control y adecuación a la legalidad es «una cuestión de orden público, que el ordenamiento jurídico atribuye a las administraciones públicas en defensa del interés general y para garantizar el cumplimiento de los deberes que derivan de la legislación».