El Ararteko ve irregular el cierre de una calle en Sopela para cederla a un colegio

Lo que sí existe es un informe que recoge la urgencia de dar más espacio al patio con el deseo de «atender las necesidades derivadas de los cambios de metodología y el desarrollo de la propia escuela». Junto a la dirección del centro se formalizó un escrito en el que se justificaba la obra al no contar con suficiente terreno de esparcimiento durante el Covid, lo que generaba «numerosos problemas en el momento de organizar los recreos o las actividades físicas».

El Defensor del Pueblo basa su recomendación en un informe de la propia secretaría municipal para justificar la postura. El documento habla sobre que la cesión «se ha realizado por la vía de lo hecho, lo cual constituye una ilegalidad» y remarca, a su vez, que «no existe un escrito en el que se garantice la temporalidad de la medida, lo que podría suponer una modificación del planeamiento». Josu Landaluze, alcalde jeltzale, confirma que la ampliación del espacio exterior del colegio se formalizó «después de una reunión con Lakua en junio del 2021 por un tiempo máximo de cinco años» (hasta el 2026) y puntualiza que «si llega una orden judicial que dictamine que tenemos que devolverla, lo haremos».

El regidor matiza que se estimó dicha duración teniendo en cuenta «el periodo de análisis de matriculaciones prometido por el departamento de Educación y los dos años posteriores para la construcción de un nuevo edificio». «Muchos dicen que el lugar no ha sido utilizado para nada, pero los niños siguen jugando en esa zona», añade. Asimismo, confirma haber puesto en conocimiento de lo ocurrido al Gobierno vasco, con el fin de formalizar la maniobra.

Los residentes aseguran que son más de 20 portales los afectados y que desde entonces, «ha aumentado la peligrosidad en la zona». «Ahora se forman verdaderos problemas para aparcar. Los padres no tienen dónde dejar el coche cuando traen a los hijos y ya hemos pedido más de una vez presencia policial», subraya Emilio Camilo Pris, vecino de la calle Zabalbide y encargado de acudir al Ararteko. El sopeloztarra añade que casi siempre «se hace la vista gorda» cuando los automóviles estacionan en los pasos de cebra.

Igualmente, subrayan que «nunca fueron consultados sobre el cierre» y enfatizan «tener que salir a la calle principal de Loroño para poder entrar en sus casas». De ahí que solicitasen, aunque de manera provisional, dos cambios de sentido: que la misma calle Zabalbide fuese de doble circulación y modificar el tráfico de Doctor Landa. Ambas peticiones fueron denegadas. «En el Consistorio nos dicen que solo son 250 metros más, pero si tenemos en cuenta que es un trayecto que hacemos a diario, estamos hablando de 75 kilómetros añadidos solo una persona», remarca Camilo Pris.

El Ararteko insta al Consistorio a que proceda a la retirada del cerramiento o en caso de que la cesión esté justificada, «se regule» e informe, posteriormente, sobre las actuaciones realizadas a la institución. Sin embargo, el problema reside en que la Corporación utilizó hormigón para el cierre «por la seguridad de los menores», mientras que en varios informes a los que ha tenido acceso EL CORREO se remarca que «la autorización mediante licencia de usos provisionales únicamente puede comprender las obras y trabajos que den lugar a instalaciones fácilmente demolibes o desmontables». Jon Gerediaga, quien presentó por registro las 88 firmas en el Ayuntamiento, puntualiza que el corte de tráfico es «innecesario y arbitrario» y reclama al equipo de gobierno que haga realidad la apertura de la misma.