La titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Bilbao ha dado un fuerte tirón de orejas al Ayuntamiento de Leioa en la polémica por las multas masivas en el conocido como 'stop del Mulligans'. La Policía Local impuso en algo más de ... cuatro meses 979 multas por no respetar la señal, aunque no fueron notificadas justificando que no existía un punto en esta zona para detener a los infractores sin poner en peligro al resto de usuarios. La magistrada acepta la alegación de «indefensión» por parte de la recurrente, ya que «se aplicó un criterio general a algo que sólo puede ser excepcional», señala la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.
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En la sentencia se recuerda que la ley establece una serie de excepciones que eximen a un agente de Policía de notificar una denuncia, como son que la infracción haya sido detectada por un radar o que el policía se encuentre regulando el tráfico, entre otras. En ese caso, se deben indicar los «motivos concretos» por los que no se ha notificado. Y recuerda que «la regla general» obliga a la Policía a detener al conductor que ha incumplido el código de circulación para comunicarle la denuncia.
Además, la jueza también reprocha al Consistorio vizcaíno que justifique la imposición de las multas con datos de accidentes y atropellos registrados desde 2012 y sin especificar el lugar exacto, más que en Iparraguirre 2-Avenida Basarte, cuando las sanciones se impusieron entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. «La prueba es confusa y tendenciosa», critica. «Ni el periodo temporal de referencia ni el lugar de los supuestos accidentes y atropellos casan con el objeto aquí recurrido», concluye. El Ayuntamiento decidió colocar junto al 'stop' una patrulla con los rotativos activados por las quejas recibidas a raíz de la acumulación de siniestros, entre ellos el atropello de algún menor, ya que en las cercanías se ubican un colegio y una ikastola.
En algunos boletines de denuncia, se apuntaba que no habían parado al automovilista porque los agentes estaban realizando «funciones de tráfico». «Ojalá hubieran regulado el tráfico porque entonces la circulación en esa rotonda hubiera sido más fluida y hubiéramos evitado injustas sanciones, innecesario trabajo municipal y judicial, tiempo perdido, gastos y cabreos», se quejan los afectados, que han creado una asociación.
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Hay otras sentencias que han anulado sanciones, aunque por motivos técnicos. Esta es la primera que entra a valorar el fondo del asunto. «Con hechos similares, también se han dado resoluciones de otros juzgados que consideran las multas válidas. La asociación denuncia la arbitrariedad y falta de un criterio único entre los jueces. «Que se imparta justicia depende de que en el sorteo te toque el juzgado número 1, el 2 o el 4», lamentan.
Las sanciones conllevaban una multa económica de entre 200 y 250 euros y la retirada de cuatro puntos del carné. Algunos conductores recibieron de golpe en sus domicilios varios meses después de los hechos cuatro y hasta seis denuncias, lo que supone la inmediata pérdida del carné de conducir por puntos. «El Ayuntamiento esperaba recaudar con esta campaña sancionadora más de 220.000 euros del bolsillo de conductores indefensos», que no tuvieron opción de «corregir su actuación». En opinión de los afectados, los agentes de la Policía Local recibieron la instrucción de «quedarse en el coche patrulla para sólo apuntar las matrículas de los vehículos» que se saltaban el 'stop'.
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Al tratarse de pequeñas cuantías, el procedimiento que se sigue es «abreviado», por lo que las sentencias son firmes y no se pueden recurrir. La asociación ha grabado un vídeo recientemente en el mismo punto que demuestra que el incumplimiento de la norma sigue siendo habitual. «No respeta el 'stop' nadie, ni el autobús de línea», dicen. A su juicio, esto demuestra que la supuesta campaña resultó además «inútil».
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