Amarristas y comerciantes recurrirán la adjudicación del Puerto Deportivo de Getxo

Sin embargo, los afectados consideran que la competencia de adjudicar ese contrato corresponde «únicamente» a la Autoridad Portuaria, propietaria de la lámina de agua, por lo que el acuerdo alcanzado, denuncian, «es nulo de pleno derecho». Los dueños de embarcaciones y negocios asentados en la zona participaron ayer en una asamblea extraordinaria que registró una gran asistencia de público. Por espacio de casi dos horas, advirtieron de que el Consistorio presidido por Amaia Agirre «intenta pasar el rodillo a todo el mundo y no escuchar a nadie» como poseedora del 66% de las acciones de la sociedad pública frente al 33% que permanece en manos del Gobierno vasco.

Aunque el Ejecutivo autonómico ha hecho oídos sordos en reiteradas ocasiones a las peticiones de los amarristas, los afectados volvieron a reclamar la mediación de la Administración vasca para enterrar esta crisis e insistieron en que la tutela de los pantalanes es competencia de la Autoridad Portuaria, entidad presidida por Ricardo Barkala, igual que hace ahora con otros 11 puertos de Euskadi». El deterioro del de Getxo es tal, en su opinión, que casi 200 de los 800 amarres se encuentran vacíos es estos momentos. Muchos usuarios han trasladado sus barcos en el último año y medio al cercano Real Club Marítimo del Abra y en menor medida al puerto cántabro de Laredo. Otros 60 usuarios han dejado, además, de pagar las tarifas.

De momento, GKP tiene intención de presentar el recurso «vía administrativa», pero, de no prosperar el mismo, amenazan con llevar el asunto «al Tribunal de los Contencioso», en una decisión que mereció el aplauso de numerosos asistentes.

Las incertidumbres que rodean el futuro del Puerto Deportivo, con bastantes comercios cerrados, amenaza con demorar un proyecto que plantea grandes inversiones. Abra Getxo Port plantea un desembolso superior a los 21 millones de euros en la mejora de las instalaciones y la construcción de un hotel en las dependencias ocupadas por los cines. Además, se ha comprometido al pago de un canon anual de 1,5 millones, lo que supondría el ingreso en las arcas municipales de 22,5 millones hasta 2040. «Es tal el volumen de dinero que mueve esta operación que no hay manera de negociar nada con nadie, ni con el Ayuntamiento ni con la adjudicataria, que mantiene una política totalmente oscurantista y no nos informa de nada», subrayaron portavoces de GKP.

Amarristas, comerciantes y hosteleros lamentaron que «lo peor» de esta situación es que el puerto echó a andar hace casi 30 años con una «inversión pública» de 12 millones. «La financió el Gobierno vasco y ahora va a pasar a manos privadas», reprocharon.