Acusan de «prevaricar» a la alcaldesa de Getxo por no jubilar al secretario

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Getxo estudia con los sindicatos emprender acciones legales por «vía penal» contra la alcaldesa, Amaia Agirre. Consideran que ha «prevaricado» por permitir que el secretario municipal siga trabajando, una vez cumpla su edad de jubilación el próximo 6 de julio. Aguirre basa su decisión en que su experiencia es necesaria hasta que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana. El funcionario quería mantenerse en el cargo dos años más, pero la mandataria a través de un decreto ha aceptado la petición de prolongar el servicio hasta que transcurra «un mes máximo desde que se aprueba el PGOU y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2025».

El nombramiento ha desatado un auténtico revuelo en el Consistorio, puesto a los trabajadores en pie de guerra y generado una situación rocambolesca en la que Agirre incluso ha retirado las competencias de Personal a su concejal Ignacio Uriarte por no querer apoyar el nombramiento. El área de Personal consideraba que no había base legal para aceptar la prórroga porque el Ayuntamiento carece de un «plan de racionalización del empleo» y tampoco se recoge en la «normas presupuestarias». Así lo explicó el propio Uriarte en comisión al resto de partidos políticos hace unas semanas. Sin embargo, el guión escrito se rompió en pleno cuando Agirre impuso su criterio y decidió mantener al funcionario.

La alcaldesa asegura que «delego mis funciones en los concejales porque no puedo encargarme de todo, pero también es mi potestad recuperarlas. Es perfectamente legal y no es la primera vez que se hace. La prórroga está única y exclusivamente vinculada a la aprobación definitiva del PGOU, un proyecto estratégico e importante. Es la persona que ha coordinado y defendido los casos en los juzgados y también la que debe defender finalmente este plan antes de su aprobación final. La decisión está amparada por la legalidad con informes favorables basados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha habido un caso similar anteriormente», justifica la primera edil.

Los sindicados han tachado esta forma de actuar de «cacicada, barbaridad y una irregularidad». «La actitud es muy grave, puede considerarse una presunta prevaricación, además de una decisión arbitraria, discriminatoria y prepotente que denota un desprecio por las leyes y por los propios trabajadores municipales», han asegurado en un comunicado difundido este martes.

Arremeten duramente contra el secretario al que acusan de saber que no podía continuar en el cargo porque «él mismo publicó un artículo sobre la Ley de Empleo Público Vasco y los requisitos legales que debe haber». Recuerdan que «otros compañeros se han jubilado sin cobrar primas de jubilación anticipadas porque no había base legal y la alcaldesa no firmó ningún decreto». Consideran, además, que «no pinta nada en otra área porque hay personas más cualificadas en el Ayuntamiento para hacerse cargo del PGOU». «Somos funcionarios y estamos sometidos a la ley, se firma un decreto sin el aval de Personal y se recurre a un informe externo privado para justificar la decisión», lamentan las mismas fuentes.

El asunto ha saltado a la arena política. EH Bildu considera «raro» que Agirre no llegue a un acuerdo con su concejal de Personal, señal, dicen, de que «algo no va bien». Elkarrekin Podemos llevará de nuevo el asunto a comisión. «El mes pasado nos dijeron que se iba a dictar un decreto rechazando la petición porque no se justificaba legalmente, y una semana después nos encontramos con esta sorpresa. No entendemos por qué Alcaldía desoye a los empleados municipales y se paga un informe», apuntan.

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