Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
VIRGINIA URIETA
Martes, 16 de mayo 2017, 23:47
La asociación Isuskiza Bizirik ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Plentzia para que arregle la carretera de Ardanzas, que les comunica directamente con la villa, que cerró mediante decreto a principios de año para garantizar la seguridad de los residentes debido a su ... pésimo estado. La junta vecinal de un enclave en el que conviven cerca de 900 personas más del 20% de la población, que no aprueba la clausura del vial, interpuso ya en febrero dos recursos contra el cierre del acceso. Ahora, además, una asociación independiente al órgano asegura que la carretera es de titularidad pública y no privada, un extremo del que tratará de convencer al juez. «El mantenimiento de ese vial corresponde al Ayuntamiento y nunca debió haberlo cerrado. El debate que se ha establecido de si es una carretera privada o pública no procede», claman los afectados.
Y es que tras el cierre, a los lugareños solo les queda otra opción para ir a sus casas la BI-2704, un acceso más largo y sinuoso «en muy mal estado», que les mantiene «incomunicados. Utilizarla nos acerca a Urduliz pero nos aleja de Plentzia. Es un trazado del siglo XIX, donde se mata gente, porque es incluso más peligrosa», denuncia la vecina Nekane Oraá, que reclama que se esclarezca si el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de la reparación del vial para proceder a su reapertura.
Oraá, miembro de la asociación, muestra parte de la documentación que esgrime que el vial que permanece clausurado «es un camino público, condición que ha mantenido y recogido el Ayuntamiento en varios informes técnicos y resoluciones administrativas», por lo que niega que existan otros propietarios a los que el Consistorio vaya a exigir el coste del cierre de la carretera, unos 4.700 euros que se emplearon en instalar dos barreras que impiden el paso. «Cuando se realiza el Plan Parcial en el año 1973, se garantiza como acceso principal la carretera que está ahora cerrada. A posteriori, las propias normas subsidiarias del Ayuntamiento, del año 92, recogen en el plano de la red viaria de caminos rurales que es de uso público», explica la vecina.
Además, desde 1997 y hasta 2008, afirma, «el Ayuntamiento ha realizado intervenciones en la carretera, no sólo de carácter urgente, e incluso ha pedido subvenciones a la Diputación para el mantenimiento y cambios de trazado en la misma. Y a partir de entonces lo que ha habido es dejación, y se ha llegado a un cierre que nunca se tendría que haber producido», asegura. Y recuerda el corte del vial en 2013 con motivo de talas para facilitar la salida de los camiones y en 2015 para el rodaje de la película La tercera ley de Newton. En Junkera Bidea, el derrumbe de parte de la carretera en mayo del año pasado dejó sin acceso a una decena de familias. «Se trata de un núcleo rural, y el nuestro es urbano, pero hay documentos en los que el tratamiento a la hora de pedir subvenciones nos equipara. Cuando Junkera se hundió, el Ayuntamiento mandó un técnico; a nosotros, un decreto de cierre. Queremos de una vez por todas que esto se resuelva y de forma definitiva un juez determine quién tiene la responsabilidad sobre esos viales», explicó.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Así es el ciclo diario de la melatonina, la hormona que te ayuda a dormir
Yolanda Veiga e Isabel Toledo
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.