La mafia albanesa desarticulada en Bizkaia cobraba 15.000 euros a menores por colarles en Reino Unido

Hasta 15.000 euros por colarles como polizones en ferris o en barcos desde el Puerto de Bilbao y también desde el de Santander con el objetivo final de entrar de manera ilegal en Reino Unido. Este era el precio del 'billete' que la mafia albanesa desarticulada esta semana en Santurtzi, Muskiz y Portugalete cobraba a sus víctimas, entre ellas varios menores, por dar el salto de forma irregular a las costas inglesas.

La Guardia Civil detuvo el miércoles a siete personas. Cinco de ellas en Bizkaia y otras dos, los presuntos cabecillas de la organización clandestina, en el aeropuerto madrileño de Barajas, cuando se disponían a regresar a su país, donde llevaban un elevado tren de vida que no se correspondía con su ocupación laboral habitual en Albania. La operación 'Epiro', que las fuerzas de seguridad aún no dan por concluida, pudiendo producirse nuevos arrestos, culmina un trabajo que arrancó en 2019.

Ya desde 2017, el frente costero de Zierbena y Santurtzi se había convertido en un lugar de asentamiento habitual de albaneses que esperaban en suelo vizcaíno para colarse como polizones en los ferris que se dirigen a Reino Unido. La mayoría llegaba de forma legal a España, ya que en 2010 se modificó una norma para que los ciudadanos del país mediterráneo pudieran entrar sin visado a la Unión Europea siempre y cuando su estancia no superara los 90 días. Este cambio, sin embargo, no afectaba a Gran Bretaña, que ha seguido teniendo sus fronteras cerradas para los albaneses.

La presencia de estas personas, que muchas veces han vivido en tiendas de campaña en condiciones insalubres, ha sido un problema en el Puerto de Bilbao. Al colarse en los camiones que después abordaban el ferry, estropeaban muchas veces las cargas (sobre todo si eran de productos alimenticios), mientras que si eran descubiertos en los muelles de destino, las autoridades británicas imponían fuertes multas a las navieras. Brittany Ferries se planteó incluso abandonar la ruta Bilbao-Porstmouth por este motivo.

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El Puerto reaccionó y construyó un muro para dificultar estas prácticas ilegales. La Guardia Civil también intensificó sus controles y mejoró su tecnología para detectar a personas en bajos de camiones o en el interior de contenedores.

Con todo, las mafias han seguido operando. La desarticulada esta semana cobraba entre 3.000 y 15.000 euros por cada viaje. Y, a veces, ponía en riesgo la vida de sus víctimas al ocultarlas en lugares peligrosos. Los propios polizones acababan muchas veces delatándose porque gritaban o golpeaban con fuerza las paredes de los cubículos donde eran obligados a ocultarse. La organización clandestina, además, solía quedarse con la documentación de las víctimas hasta que pagaban la deuda adquirida.

Los responsables del grupo pasaban poco tiempo en España (no más de los tres meses que fija la ley). Se encargaban de dinamizar el tránsito de albaneses. Para ello se valían de varios compatriotas afincados en Bizkaia. A los polizones se les facilitaba alojamiento (muchas veces en las citadas tiendas de campaña) y manutención.

Los detenidos tenían también un sistema bastante complejo para cobrar y enviar el dinero a su país sin ser detectados. Es lo que más le ha costado a la Guardia Civil investigar. Disponían de diversas tarjetas de crédito y numerosos pasaportes de diversa nacionalidad para evitar que se pudiera seguir el rastro de estas operaciones de capitales.

En la operación 'Epiro' ha colaborado la NCA británica (National Crime Agency).