«Mi madre nos dijo 'no esperéis a que me olvide de vosotros, ese día dejadme marchar'»

La sala de comisiones del Consistorio jarrillero se quedó ayer pequeña para recibir a una auténtica nube de medios de comunicación dispuesta a escuchar a la familia que ha propiciado la iniciativa municipal. Hablaron el esposo de la paciente, Txema Lorente, y uno de sus tres hijos, David, que defendieron el derecho de cualquier persona, pero en especial de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas a decidir con libertad su destino. Maribel, la esposa de uno y madre del otro, se bate contra el alzhéimer desde hace 17 años, según contaron. «Todo el mundo tiene derecho a decidir su final», proclamaron.

La convocatoria tenía, y tiene, dos aspectos de indudable interés social. Al relato humano de la familia se unía la declaración institucional, en la que se defiende la «urgente tramitación y aprobación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia», con el objetivo de que «se garantice que las personas puedan decidir libremente el momento y la forma de finalizar la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro, con la ayuda necesaria».

Hasta ayer, la única institución que en el País Vasco se había acercado un poquito, muy poco, a la regulación del fallecimiento voluntario era el Parlamento vasco al impulsar la ley de muerte digna, que no es exactamente lo mismo. Aquella norma, promovida hace cuatro años, buscó asegurar el respeto a la voluntad de los enfermos terminales y dar cierta seguridad jurídica a los profesionales médicos que les atienden con prácticas sanitarias como la sedación profunda, que está considerada un tratamiento paliativo. El texto, sin embargo, se vio obligado a dejar fuera el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido para evitar un más que seguro recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central.

El alcalde de Portugalete, el socialista Mikel Torres, arropó ayer a la familia en el acto celebrado en el Ayuntamiento, a menos de 24 horas después del pronunciamiento municipal. «Si empezara a olvidarme de amar, también quisiera dejar de vivir», dijo la mujer a la familia, a la que dejó expresada su voluntad en dos ocasiones. La primera, en una carta a sus hijos fechada en 2006 y con posterioridad en un documento de voluntades anticipadas, registrado en 2017. «Tenéis que hacerme una promesa», cuenta la familia que dijo a uno de sus hijos. «El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veáis que os confundo, que no sepa cómo os llamáis, por favor no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a aita. Ese día, me tenéis que dejar marchar».

La familia no duda de que «ese día» son los que viven ya. En las próximas fechas, el esposo y los hijos de Maribel acudirán al Congreso de los Diputados para entregar las más de 163.000 firmas de apoyo que han recibido a favor de que el hemiciclo dé un impulso definitivo a la eutanasia. «No entendemos una ley que obligue a sus ciudadanos a morir aullando», proclamaron. El alzhéimer de Maribel será de los que no se olvidan.

Concha Castells Derecho a Morir Dignamente

Nadie pide ayuda para morir por un dolor tratable ni por un sufrimiento que pueda evitar. Maribel Tellaetxe decidió, mientras aún conservaba la lucidez, que no quería vivir sin sus recuerdos, sin reconocer a las personas que amaba, ausente a su propia biografía. Sabía a qué situación la arrastraba el alzhéimer y pidió a sus seres queridos (y en un testamento vital) que la ayudasen a morir cuando ya no los conociese. Pero como denuncia su familia, hoy, todavía, respetar sus deseos está castigado con la cárcel.

Que la eutanasia sea un delito es una anomalía democrática. En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre lo que opina la ciudadanía y lo que recogen las leyes. Todas las encuestas recientes lo dejan claro: al menos un 80% de la población está a favor de despenalizar la muerte asistida y apenas un 10% se opone. Incluso entre la profesión médica el apoyo es abrumador, como constató el Colegio de Médicos de Bizkaia tras consultar a sus profesionales. Frente a esto, el artículo 143.4 del Código Penal sigue castigando con prisión el acto de ayudar a morir a una persona que lo ha pedido libremente, aquejada de una dolencia irreversible que le cause padecimientos insoportables.

Las próximas semanas serán decisivas para que Maribel Tellaetxe puede ver cumplida su voluntad. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que debate el Congreso de los Diputados desde antes del verano, está bloqueada por Ciudadanos y PP en la Mesa. Si no levantan este bloqueo urgentemente, no habrá tiempo para aprobarla antes de que acabe la legislatura.

Toda la ciudadanía debería contar con los mejores cuidados al final de la vida, pero también con el derecho a decidir hasta cuándo quieren ser cuidados. Miles de personas, como Maribel, necesitan un cambio urgente que les permita disponer de su propia vida sin tener que recurrir a la clandestinidad, el exilio o a un suicidio violento. En los países donde la eutanasia es legal, muy pocas personas piden ayuda para morir, pero la mayoría pueden afrontar su final con la tranquilidad de que cuentan con una salida.

En DMD-DHE Euskadi creemos que las personas son dueñas de su vida y su cuerpo, y que tienen derecho a decidir cuándo y cómo morir. Estamos cerca de ser el cuarto Estado de la UE que despenaliza la muerte asistida. Hagámoslo por Maribel y por toda la ciudadanía.

Jacinto Bátiz Impulsor Cuidados Paliativos en Euskadi

La opinión pública en ocasiones navega entre malentendidos y aproximaciones, y con frecuencia el rigor de la reflexión se difumina ante las pasiones y los miedos que rodean a la muerte. Incluso, entre el personal sanitario se encuentra quien no domina bien los múltiples aspectos que entran en juego en la gestión del final de la vida. El tratamiento sobre el asunto de la muerte está más orientado a escapar de la cuestión que a hacerla frente de forma seria y decidida; y, en la actualidad, dicho tratamiento está siendo dominado por la cuestión de la eutanasia.

«Doctor, yo no quiero seguir viviendo así». Cuando alguien hace esta petición debe ser considerada generalmente como una demanda de mayor atención que desaparece cuando se soluciona el 'así'. El enfermo pide ayuda y, si no comprendemos el sentido profundo de su petición, determinamos que desea la muerte.

Ante un paciente al final de su vida, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado permitiendo la llegada de la muerte, no solo es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Pero cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de provocar o acelerar la muerte, entonces corresponde aplicar el calificativo de eutanasia.

El deseo de morir bien es una legítima aspiración de los seres humanos. Este deseo nos obliga a los profesionales de la salud a ayudar a nuestros enfermos a que mueran bien, sin sufrimiento.

¿Por qué una persona enferma solicita la muerte? ¿Verdaderamente la desea? ¿Cuál es la demanda auténtica de un agonizante que pide la eutanasia? Cuando un enfermo dice: «¡Acabemos con esto!», ¿cómo podemos comprenderlo? ¿Quiere decir que acabemos con su vida? ¿O que acabemos con ese dolor insoportable que padece? ¿O con su angustia? ¿O con su soledad?

Detrás de la petición «quiero morir» hay un trasfondo que significa «quiero vivir o morir de otra forma». La tentación de la eutanasia, como solución precipitada, se da cuando un paciente solicita ayuda para morir y se encuentra con la angustia de un médico que quiere terminar con el sufrimiento del enfermo porque lo considera intolerable y cree que no tiene nada más que ofrecerle. Los médicos debemos estar preparados para escuchar algo más que una petición de morir.