Una madre de Basauri relata el complejo proceso de la gestación subrogada en Ucrania: «Fuimos de los últimos en salir de Kiev»

Eider Burgos

Jueves, 30 de agosto 2018, 11:54 | Actualizado 16:30h.

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«Fuimos de los últimos que salieron de Kiev con el pasaporte». Itziar celebró los tres meses de June en su casa, en Basauri. La pequeña, de grandes ojos oscuros, vio la luz el pasado 29 de mayo en la capital ucraniana por gestación subrogada. En dos meses, estaban de vuelta en Euskadi; la bebé, con nacionalidad española... por poco.

El 5 de julio las cosas se complicaron. Un conflicto con la nueva Ley española de Protección de Datos bloqueó las expediciones de pasaportes para los pequeños. El problema está en la prueba de ADN que se ha de realizar al padre «intencional» para corroborar el vínculo y poder así registrase como progenitor biológico y otorgar al niño la nacionalidad –la madre debe adoptarlo ya en España–. Desde entonces, una treintena de familias permanece en Kiev en un limbo administrativo, con hijos pero sin registros, a la espera de que el consulado les dé una solución. Algunos ya han comenzado los trámites para nacionalizar a los bebés como ucranianos y así poder salir del país, aunque aquí lleguen como extranjeros.

Prohibida en España, la gestación subrogada es legal en Ucrania, también para los extranjeros. Hasta quinientas parejas acuden allí cada año, según las estimaciones de Son Nuestros Hijos, la principal entidad en España y Europa que reúne a estas familias. La mayoría, atraídas por tratarse de un país «más económico –«en otros, como Estados Unidos, es hipotecarse»– y por las buenas condiciones», explica Itziar.

Aun así, se trata de un proceso largo y costoso de alrededor de un año. Tres veces ha viajado esta madre basauritarra hasta Kiev desde mayo del año pasado para conocer a la gestante y acompañarla en el embarazo y el parto. «Tatiana –que así se llama– ha sido nuestro ángel». Tuvo que separarse, afirma Itziar, porque la normativa le exigía estar soltera. «No es cierto todo lo que dicen de la reproducción asistida: ella es bióloga y ya tiene una niña de 7 años. Nos escribimos todos los días».

Tras el nacimiento de June, las citas para los registros ya no se concedían con la misma celeridad. A ellos se la dieron para septiembre... pero de repente todo se aceleró. «Parece que querían quitarse de encima a toda la gente posible», sospecha Itziar.«Nos dijeron que el 5 de julio se iba a producir un cambio, pero no nos dijeron cuál. Pensábamos que se referían a que entraba un nuevo cónsul». A finales de julio estaban de vuelta.

Ellos siguen en contacto con los que aún permanecen en Kiev. «No me extraña que no reciban respuesta. Cuando estuvimos allí, si les pillabas con mal día, pasaban». Sobre la imposibilidad de realizar la prueba de ADN –el consulado alega que no tiene potestad para requerirla y debe dictarla un juez–, «han propuesto realizarla a través de empresas privadas, pero tampoco les han dado el visto bueno», afirma Itziar. Mientras, pasan los días y el bienestar de las familias se resiente: «Cuesta mucho estar allí, es difícil encontrar un apartamento por menos de mil euros», asegura la basauritarra. «Cosas como el café o el tabaco son muy baratas, pero otras...»

El Ministerio de Exteriores, por su parte, publicó ayer un comunicado en el que negaba que la Ley de Protección de Datos fuera «la causa de ninguna paralización de expedientes». «Se tratan de manera individual y exigen el análisis de toda la documentación presentada», justificaba, lo que implica constatar «que se está respetando la legislación ucraniana y española».

«Este tipo de expedientes requieren un especial cuidado», explica el organismo en la nota. Más ahora que el consulado ha sido informado de «posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de posible tráfico de menores». «La embajada debe adoptar todas las precauciones necesarias», insiste. Y, «a la vista de esta situación», desaconseja el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada en el país, «recomendación que se lleva haciendo desde hace años», añade.

A los que ya están allí, la embajada asegura que les «atenderá de manera individualizada para informarles sobre la legislación vigente, las alternativas legales y para ayudarles a buscar la mejor solución posible», un trabajo que, dice, está llevando a cabo con las autoridades ucranianas. «En todo caso –continúa–, el Gobierno tiene la obligación de proteger los derechos de las mujeres gestantes, independientemente de su nacionalidad, así como de proteger el interés superior del menor nacido».