Diez años después de que supuestamente se produjeran los hechos denunciados, el 'caso Gaztelueta' llegará esta semana a los tribunales. La Audiencia Provincial de Bizkaia juzga desde el jueves al antiguo profesor del colegio Gaztelueta acusado por uno de sus alumnos de haber abusado de ... él a lo largo de dos cursos, cuando el denunciante tenía 13 años. Para el maestro, un numerario del Opus Dei hoy apartado de la docencia, la abogada del joven reclama una condena de diez años como autor de un delito de abuso sexual, con el agravante de que la víctima era menor de edad en el momento de los presuntos hechos.
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La Fiscalía, que también aprecia un delito continuado de abuso sexual, rebaja la petición de pena para José María M. S. a tres años, al entender que no se puede aplicar en este caso agravante alguno. La defensa del profesor, por su parte, pide su libre absolución y niega «absoluta y categóricamente» que se produjeran las vejaciones.
El juicio comenzará el jueves con el testimonio del joven que denunció los abusos. Su defensa ha solicitado al tribunal que, dada la naturaleza de los hechos, se le aplique el protocolo de protección de testigos. De esta manera, podría declarar protegido por un biombo para evitar un contacto visual directo con el acusado, que también será interrogado. Tras ellos, y hasta el día 11, una treintena de testigos y peritos pasarán por la sala de vistas, desde excompañeros de clase de la presunta víctima hasta profesores de Gaztelueta –incluido su director–, además de los familiares del joven y los psicólogos y médicos que le han atendido a lo largo de la última década.
10 años de cárcel reclama la abogada del exalumno (hoy un joven veinteañero) por un delito de abusos sexuales con el agravante de que la víctima era menor de edad.
3 años de prisión pide la Fiscalía para el docente por un delito continuado de abusos sexuales, aunque no contempla agravante alguno.
0 años La defensa solicita la libre absolución del exprofesor de Gaztelueta y niega que se produjeran los hechos.
Tanto la defensa como la acusación basarán gran parte de su estrategia durante el juicio en los informes y declaraciones de varios expertos en casos de abusos a menores. Por un lado, la abogada de la víctima ha solicitado que testifiquen los psiquiatras privados que trataron al exalumnos, así como los peritos judiciales que designó el juez de instrucción y que determinaron que su relato es «compatible» con un caso de abusos.
El letrado del docente, por su parte, aportará un informe y el testimonio de Antonio Manzanero, profesor de Psicología en la Universidad Complutense y, según la defensa, la «mayor autoridad en España en casos de testimonios de abusos sexuales». Este experto «cuestionará la metodología empleada y conclusiones» de los forenses y especialistas propuestos por la acusación.
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Con el inicio de la vista oral, atrás quedará la compleja instrucción llevada a cabo por un juzgado de Getxo, que se inició en junio de 2015 con la presentación de una querella por parte del alumno –justo había cumplido la mayoría de edad– contra el que años antes había sido su profesor. Los presuntos abusos, no obstante, se habían producido en el curso 2008-2009 y 2009-2010 en el centro religioso ubicado en Leioa. Según el relato del joven, el docente comenzó a sacarle de clase para reunirse con él varias veces por semana y a solas con la excusa de que era su preceptor –orientador personal y académico en los colegios religiosos–.
Fue durante esas sesiones de tutelaje cuando se habrían producido las presuntas agresiones sexuales, siempre sin testigos y en un despacho contiguo al aula del estudiante. A raíz de esos encuentros surgieron además las burlas y el acoso de sus compañeros de clase, que llegaron a tal nivel que Educación lo investigó como si de un caso de bullying escolar se tratase.
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El alumno tuvo que cambiar de colegio y sólo un año después se atrevió a acusar a su antiguo tutor ante sus padres, que de inmediato avisaron a Gaztelueta. El profesor dejó sus clases y la Fiscalía de Menores estudió el caso, pero no siguió adelante con las diligencias por falta de indicios. Con el paso del tiempo, el estado de salud del joven empeoró, con continuas depresiones que le impidieron seguir acudiendo a clase. La familia su mudó fuera de Euskadi y esperó a que los psiquiatras que lo atendían lo aconsejaran, para animar al joven a que denunciara los hechos en el juzgado de Getxo.
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