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Alonsotegi no tendrá finalmente crematorio. Una jueza ha tumbado el proyecto que una funeraria estaba intentando poner en marcha desde hace diez años. La magistrada ha fallado a favor del Ayuntamiento y considera que la Administración local ha actuado de manera correcta, ajustada a derecho, ... al denegar la licencia de actividad del horno de finados en un pabellón del barrio de Arbuio. La sentencia, contra la que cabe recurso, pondría fin al caso, ya que todo apunta a que no se formulará apelación, según ha podido saber EL CORREO de fuentes cercanas a los promotores.
El crematorio de Arbuio es un asunto que encendió la política local de Alonsotegi hace una década. El anuncio del proyecto provocó masivas movilizaciones tanto en el barrio como en el centro de la localidad, que cuenta con 2.800 habitantes. Los vecinos desconfiaban de las emisiones que podrían lanzarse a la atmósfera al quemar a personas que habían fallecido. Se creó una plataforma que pidió asesoramiento a los residentes de Uribarri, en Bilbao, donde poco antes se había puesto en marcha un polémico horno de similares características, tras una dura batalla en los tribunales.
En un primer momento, el gobierno local (PNV) dio un visto bueno inicial y provisional. Posteriormente, todas las fuerzas políticas con representación en el pleno (además de los jeltzales estaban EH Bildu, una agrupación independiente de izquierdas y PSE) mostraron su profundo rechazo a una instalación que se iba a ubicar a unos 25 metros de varias viviendas de Arbuio.
Tras varias vueltas de tuerca, en mayo de 2013, el Consistorio denegó la licencia de obras. Para ello se basó en un informe del arquitecto municipal. Decía el técnico que el horno «contenía un conjunto de indefiniciones, contradicciones y errores». En este sentido abundaba que el «proyecto resultaba absolutamente inadecuado e inespecífico».
La funeraria no se quedó de brazos cruzados y recurrió a los tribunales. Incluso abrió la vía penal contra el entonces alcalde, José Luis Erezuma, que llegó a estar investigado por un presunto delito de prevaricación. El caso fue archivado en su pieza penal, pero los jueces de lo contencioso-administrativo dieron, cinco años después, la razón parcialmente a la empresa y ordenaron al Ayuntamiento tramitar de nuevo el expediente.
Entonces, EH Bildu, que lideraba la oposición en el Ayuntamiento, insistió en que el proyecto no se ajustaba a la legalidad y pidió un nuevo esfuerzo municipal para tumbar el proyecto. Así se hizo y se encargó un informe externo que fue concluyente: el crematorio no cumplía con la normativa relacionada con la sanidad mortuoria.
Y eso es lo que acaba de confirmar la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Bilbao. La magistrada sostiene que el proyecto no puede salir adelante porque «el emplazamiento en una nave industrial no está autorizado, no es un edificio para uso exclusivo funerario», como establece la legislación. «Se aprecia nítidamente cómo el pabellón 32 que albergaría el tanatorio y crematorio linda con otros pabellones dedicados a carrocerías de chapa y pintura de automóviles y a lavadero de coches, lo que se integra en el propio conjunto de la nave», incumpliendo la premisa de ser un edificio dedicado a uso funerario en exclusiva.
25metros de distancia había del crematorio a las viviendas más cercanas.
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