La Justicia rechaza que la Diputación indemnice con 30 millones a Jabyer

Jabyer reclamaba que la Diputación le indemnizara en concepto de responsabilidad patrimonial con 24,6 millones de euros, además de otros 3,3 millones por el lucro cesante y 2,900.000 euros por daño moral. En total, más de 30,8 millones de euros. El juez, en cambio, cree que la actuación de la institución foral se ajustó a derecho y rechaza la petición del empresario, que no obstante, tiene opción de apelar el fallo. Eso sí, el magistrado afea en cierta manera la actuación de la Diputación, a la que acusa de «falta de diligencia» y cuya «actuación fue muy mejorable» durante todo el proceso.

El proyecto Habidite comenzó a torcerse, al menos con luces y taquígrafos, en 2009. Lo que en principio parecía una entente de futuro entre la Diputación y Jabyer Fernández -la institución foral iba a facilitarle un solar de 40 millones en Alonsotegi para levantar la fábrica de viviendas-, degeneró en un enfrentamiento abierto entre el entonces empresario de éxito y el diputado general, José Luis Bilbao. Cruce de acusaciones y veladas amenazas desembocaron en varios pleitos judiciales. Por el camino, la UE declaró ilegales y contrarios a las normas de libre competencia las ayudas concedidas por la Diputación al proyecto.

Ante esa situación, el Ejecutivo foral acordó el 17 de diciembre de 2013 rechazar todas las reclamaciones presentadas por Jabyer por los supuestos daños que le había causado la paralización de Habidite. El empresario, después de varias dilaciones, presentó un recurso contencioso-administrativo en 2018 -sobre el que ahora ha fallado el juez- en el que impugnaba la orden de 2013 y reclamaba esos 30 millones de euros.

Tras escuchar a las partes -José Luis Bilbao declaró en noviembre de 2019- y analizar la documentación presentada, el juez atiende en parte los argumentos de la Diputación y defiende que la «frustración de las expectativas patrimoniales» de Jabyer «no se deriva» de la actuación de la Diputación «sino del propio Derecho de la Unión Europea, que entiende incompatibles las ayudas concedidas». Por lo tanto, «de estimarse la demanda, se estaría concediendo unas indemnizaciones que guardan una semejanza tal con las ayudas (...) que difícilmente superarían el filtro de legalidad».