Las Juntas rechazan limitar la llegada de menores no acompañados a Bizkaia

La llegada masiva de menas, fruto entre otras cuestiones de la gran presión migratoria que padecen desde hace un año Canarias y Melilla, mantiene sobreocupados los centros vizcaínos desde el verano de 2023, pero la situación ha llegado a un punto extremo los últimos meses. Según los datos del Gobierno territorial ahora mismo tutela en torno a 550 chavales cuando en sus 16 recursos hay capacidad para unos 300.

Hace justo una semana, la propia diputada general alertó de que los servicios de atención forales están «al límite» y que «no dan más de sí». Lo expuso durante el Pleno de Política General en el que reclamó al Gobierno central que elabore un protocolo de acogida y reparto de menores y a otras comunidades, sin mencionar ninguna, que «no esquiven» sus responsabilidades pese a que la acogida es una obligación legal. Antes del verano el lehendakari, Imanol Pradales, sí que puso el foco, por ejemplo, en el Ejecutivo de La Rioja. Al día siguiente de su intervención en Gernika, Elixabete Etxanobe se reafirmó en una entrevista en Euskadi Irratia. Reconoció que «con el flujo actual hay dificultades para darles una atención de calidad» y sugirió que no pueden abrirse más centros porque «habría que retirar recursos económicos destinados a otros colectivos».

Etxanobe también defendió el «compromiso más allá de lo legal» que tiene el territorio con la acogida de menas, y por ahí han ido hoy todos los grupos. «La obligación es por ley pero también ética», ha dicho el portavoz socialista Goyo Zurro. «¿Cuántos hay que atender? Todos lo que se pueda», ha defendido el EH Bildu, Iker Casanova. «Todos los que se pueda sí, pero no se debe ocultar que los centros están a tope y que no es la mejor forma de acogerles y darles formación», ha respondido el jeltzale Jesús Lekerikabeaskoa. «Un gobierno serio debe atender a la gente bien, no que haya descontrol», ha reivindicado la popular Raquel González.

El debate se ha producido durante la primera sesión ordinaria del Parlamento territorial desde junio. El pleno de las Juntas ha debatido una veintena de propuestas lanzadas por los grupos a cuenta de la hoja de ruta para los próximos años establecida por la diputada general el miércoles pasado. La oposición ha querido poner su granito de arena, y PNV y PSE han abierto la puerta a que se aprueban cuatro iniciativas. Un gesto de mano tendida pese a su mayoría que tiene tintes efectistas. Tres de las medidas que han salido adelante ya contempla ejecutarlas la Diputación previamente.

Es el caso del compromiso alcanzado con Podemos para extender la bonificación del 20% en las tarifas del transporte público -solo para billetes personalizados- el año que viene aunque el Gobierno central ponga punto final a sus bonificaciones, y la de mejorar los servicios y frecuencias de Bizkaibus en Las Encartaciones y Busturialdea. Y el pactado con el PP por el que se va a elevar hasta los 17.000 euros el umbral de ingresos que obliga a hacer la Declaración de la Renta, medida que se incluirá en la reforma fiscal que verá la luz en diciembre.

El resto de resoluciones aceptadas hablan de mejorar los servicios de atención de la dependencia, de ayudas al sector primario, de reforzar las políticas de choque contra el desempleo y los planes estratégicos para revitalizar las comarcas más desfavorecidas. También del derecho a decidir con un texto idéntico al aprobado anteriormente por PNV y Bildu por las Juntas guipuzcoanas. Otra cosa llamativa: pese a sus notables diferencias ideológicas, los tres grupos de la oposición han coincidido en sus propuestas en pedir a la Diputación que paralice el subfluvial, el túnel bajo la ría que conectará Getxo y Portugalete que se construirá los próximos años. Los partidos de Gobierno las han tumbado.