Las Juntas piden que se revise el sistema para valorar las custodias infantiles

Lo cierto es que, aunque aparece en sentencias sobre custodias desde el año 2004, este «pseudosíndrome», como lo definieron los portavoces de distintas formaciones, no aparece en el listado de trastornos de la Organización Mundial de la Salud. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría se han posicionado en contra de su aplicación como argumento legal y en octubre se presentó en Bilbao una red que lo denuncia y cuenta con el respaldo de 61 asociaciones, partidos políticos y sindicatos. Este miércoles, las Juntas aprobaron una revisión de los instrumentos del servicio foral de Infancia, entre los que no aparece ese síndrome pero sí uno genérico sobre «la instrumentalización en conflictos entre progenitores».

Todos los intervinientes valoraron el «gran esfuerzo» para alcanzar un acuerdo unánime. «Es una realidad que afecta a muchos niños y nos alegramos de este paso. Queremos que no se retire una sola custodia por este motivo», apuntó Ilardia. El texto final, respaldado por todos los grupos, habla de «reforzar el trabajo de los profesionales de Infancia, analizar las situaciones de desprotección y la herramienta Balora durante los próximos seis meses», y de «abrir un proceso de reflexión sobre la respuesta al abuso sexual junto con Emakunde».

Eneritz de Madariaga, portavoz de Elkarrekin Bizkaia, defendió que con ese síndrome «se culpabiliza a las mujeres víctimas de violencia machista y se da más credibilidad a las palabras de un hombre sólo por serlo». Y traslada «que hay un gen de la instrumentalización solo en las mujeres». El socialista Juan Otermin recordó que «en el sistema foral de Infancia no se utiliza el 'síndrome de alienación parental'. No está en ninguna normativa. El marco es la convención de los derechos del niño, el Código civil, la Ley de Infancia y el instrumento Balora». La jeltzale Elena Coria valoró «el trabajo» de los profesionales del área, «vocacionales de un ámbito muy sensible, que siguen siempre la normativa existente con rigor», y recordó que «prima siempre el interés del menor». «Todo es mejorable y este acuerdo es prueba de ello», añadió.

Los portavoces, tan dados a explayarse, renunciaron al segundo turno. Cada palabra estaba medida al milímetro. No aludieron directamente a un caso que sobrevuela, la denuncia interpuesta por una madre contra una decisión del servicio foral de Infancia y en el que se imputó al entonces director y hoy diputado de Acción Social, Sergio Murillo, y sobre el que tendrán que pronunciarse los tribunales. El propio Murillo y también el diputado general, Unai Rementeria, han defendido que su actuación se limitó a refrendar «cinco informes técnicos». Los seis meses de plazo que se marcan para revisar las herramientas forales darán margen para conocer la posición de los jueces. Se prevé también formación continua para los funcionarios, incluidos los que trabajan con víctimas de violencia machista. En la próxima adjudicación del servicio se ponderará el conocimiento de otras lenguas -chino, árabe, serbio- porque cada vez más víctimas hablan esas lenguas.