La imputación se centra en los tres jefes del vertedero
zaldibar, un año después ·
La instrucción judicial se encuentra en la fase inicial, y la abogada de la familia Beltrán no descarta ampliar la causa a «más responsables»
La vía judicial para depurar responsabilidades por las dos muertes provocadas por el derrumbe del vertedero y también por los daños medioambientales causados arrancó muy ... pronto, prácticamente unos días después de la tragedia, el 11 de febrero. A día de hoy, sin embargo, el proceso sigue en una «fase muy inicial», según reconoce la abogada Estefanía Rojo, que representa a la familia de Joaquín Beltrán. Afronta todavía el proceso de instrucción previo a que se decida de qué delitos en concreto se acusa a los tres investigados: el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, su sobrina, María Arrate B., y el ingeniero jefe de la planta, Juan E.
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Un año de la catástrofe del vertedero de Zaldibar
Durante los primeros meses las demoras tuvieron su origen en el conflicto de competencias que se planteó entre los dos juzgados de Durango (el de instrucción número 1 y el 2) que llevaban las dos denuncias penales presentadas en este caso: una por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otra medioambiental. Tras resolverse que fuese la sala de instrucción número 1 la que asumiese las dos causas, el plazo de instrucción empezó a correr el 4 de junio.
Fue un mes después cuando se produjo la detención de los tres responsables de la escombrera en una intervención que provocó roces entre el Departamento de Seguridad y los responsables judiciales en torno a la autoría de la orden dada a la Policía Judicial de la Ertzaintza. Entonces también se tomó declaración a estas personas, «y hasta ahora, queda prácticamente todo por hacer», lamenta Estefanía Rojo, para quien «en un caso de esta relevancia y complejidad se podía ir más ágil».
Informes y estudios
En el sumario judicial sí que constan ya informes como el de la Ertzaintza, que aprecia «indicios de criminalidad» y de haber puesto en «riesgo grave» el entorno natural y la salud de las personas. También varios estudios que alertaban desde 2018 de importantes problemas de estabilidad en el vertedero, o de que los residuos que había en la escombrera de Zaldibar estaban autorizados. Incluso se ha incorporado a la causa una auditoría externa que determina que el Gobierno vasco cumplió con su labor de control del vertedero. «También se ha tramitado una pieza de responsabilidad civil, pero en la que no se discute sobre el fondo de lo que se investiga; de cara a saber realmente que es lo que pasó en el vertedero prácticamente no se ha instruido nada», zanja la abogada.
El juzgado durangués tiene hasta junio para finalizar la fase de instrucción. La causa es muy compleja y «probablemente la fiscalía o las acusaciones tengan que pedir una prórroga». «Según avance la instrucción no descartamos que se puedan ampliar las responsabilidades a otras personas u organismos diferentes», señala la letrada. Y sólo cuando se cumplan estos trámites arrancará la vista oral. «Esperemos que ahora que se cumple el aniversario empecemos a darle velocidad».
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