La jueza investiga si la supuesta estafa de Garellano afecta a más promociones de viviendas

La estafa denunciada por los compradores de estas VPO tiene cuatro protagonistas: Bilbao Ría 2000, las tres constructoras, la UTE que formaron entre estas firmas y los responsables del primer consejo rector de la cooperativa creada por los inquilinos para abaratar el proyecto. Básicamente, lo que se denuncia es que la UTE elevó a posteriori el precio de las viviendas hasta los 5,4 millones de euros. Es decir, 2,1 millones más del valor que Bilbao Ría 2000 –una empresa anónima de capital público concebida para la «regeneración» de la capital vizcaína y su entorno– fijó para esta parcela en 2011. Fue ese año cuando firmó un acuerdo con las constructoras para venderles estos terrenos en una de las principales operaciones inmobiliarias del territorio. Este 'inflado' de los precios –insisten los denunciantes– se produjo con la «colaboración» de los gestores de la cooperativa. Las mismas fuentes señalan que esta operación les supuso un sobrecoste de más de 50.000 euros respecto a lo estipulado en la compra de alguno de los pisos.

Este aumento sobre los precios originales es ilegal –según la acusación– ya que los terrenos fueron vendidos por Bilbao Ría 2000 a la UTE Dorre Barriak para edificar viviendas de protección pública. Se trata de un tipo de pisos muy regulados por la Administración, ya que están destinados a los vecinos que no pueden permitirse comprar una casa en el mercado libre. Por eso, los márgenes de beneficios para los constructores son más ajustados y, en principio, no se permite a las empresas venderlas por encima de los precios máximos que fija por decreto el Gobierno vasco.

Las declaraciones de ayer se prolongaron durante varias horas en la sede judicial de la calle Buenos Aires, en una sesión dirigida por la jueza encargada de la instrucción y en la que también tomaron parte el fiscal y las tres acusaciones particulares que representan a decenas de cooperativistas. Los testimonios de los imputados se producen justo en el momento en que nuevos cooperativistas se han sumado al proceso como afectados por esta operación.

Fuentes oficiales de Bilbao Ría 2000 no quisieron comentar la declaración judicial de Ángel Nieva y se limitaron a señalar que confían en que esta declaración haya servido para «aclarar» lo ocurrido. También quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad hacia los cooperativistas. Por su parte, fuentes de Amenabar tampoco quisieron realizar comentarios y señalaron que confían en que el asunto quede «archivado».