Una jueza devuelve el 'cementerio de los ingleses' al Gobierno británico

Trece años después de que la mercantil Kobiur XXI adquiriera el terreno, de unos 10.000 metros cuadrados entre Sondika y Loiu, Salva Miguel acudió en abril de 2017 al registro de la propiedad y al catastro de la Diputación vizcaína para inscribirlo a su nombre. Y así se hizo. Pero tres días después recibió una notificación en la que le anunciaban que se retrotaía la propiedad al Gobierno británico. «¿Por qué la Diputación se mete de por medio a favorecer los intereses de los ingleses, sin aportar ninguna documentación?», se pregunta ahora Miguel, que no descarta emprender acciones legales contra el funcionario que realizó esta gestión.

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Posteriormente, el Gobierno inglés, a través del secretario de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, presentó una denuncia contra Kobiur reclamando la propiedad del 'cementerio de los ingleses'. Después de la venta al empresario, se han seguido registrando enterramientos.

Durante el juicio, que se celebró el pasado mes de abril en Getxo, los testigos presentados por el Gobierno británico dijeron que este enclave tiene un «gran valor emocional» para ellos. Alegaban, entre otras cosas, que el cónsul, ya retirado, pensaba que estaba vendiendo sólo una parcela -no el camposanto ni las dos capillas de credo protestante y el chalé situadas a su lado-, y que tampoco tenía «poder suficiente» para hacerlo. De hecho, siguieron pagando el IBI y el mantenimiento del enclave.

La parte demandada, por su parte, recordaba que la compraventa se había realizado ante un notario, con los abogados presentes, que no apreciaron entonces «ninguna irregularidad» y que, además, los compradores tenían una copia del documento enviada días antes por correo electrónico. Pese a ello, la jueza cree que ha concurrido «un error relevante como vicio del consentimiento, de carácter inexcusable» al creer que lo que se transmitía era otro terreno. Salva Miguel pagó a Hacienda 15.000 euros por el impuesto de transmisiones en 2004 y lamenta que en la sentencia no se haga ninguna referencia al menos a que se vaya a devolver el dinero que desembolsó en la compra, sino que incluso se le imponen las costas. Tendrá que pagar también las gestiones de cambio de titularidad.