La jueza amplía la investigación por supuesta estafa a otros 126 pisos de las torres de Garellano

En esencia, lo que se investiga es por qué la UTE elevó supuestamente el precio de las viviendas hasta los 5,4 millones de euros. Se trata de un coste de 2,1 millones de euros superior al valor fijado en 2011 para esta parcela por Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima de capital público constituida a partes iguales por las administraciones central y vasca para la «regeneración» de la capital vizcaína y su entorno. Es decir, en el momento de firmar el acuerdo con las constructoras, la sociedad de capital público estableció un precio determinado para estas parcelas que fue «inflado» a posterior. Concretamente, en el momento en el que la UTE traspasó las parcelas a las cooperativas. Los cooperativistas mencionan sobrecostes de unos 50.000 euros respecto al precio inicial y señalan que en los contratos existía un compromiso de precio cerrado que «no se cumplió».

La primera denuncia la presentó un socio cooperativista de la promoción 6 en noviembre de 2016. Este primer escrito judicial fue archivado, pero la Audiencia obligó a reabrir la instrucción judicial. Primero se citó a declarar como investigados a tres miembros del consejo rector de la cooperativa, que precisamente eran representantes de una de las constructoras. El pasado junio se amplió la investigación hasta el propio director de Bilbao Ría 2000 y dirigentes de las empresas.

Fue entonces cuando dos propietarios de pisos de la torre 1 pidieron personarse en la causa al entender que también ellos habían sido «estafados». El juzgado número 2 de Bilbao ha aceptado ahora ampliar las pesquisas a toda esta promoción ya que, según un auto judicial al que ha tenido acceso EL CORREO, entiende que los socios de esta segunda cooperativa también «podrían ser perjudicados por los actos de los investigados».

La jueza llega a esta conclusión en base a un informe del fiscal. El Ministerio público considera que puede existir un delito de administración desleal por el «incremento» del precio de las parcelas. Básicamente, lo que advierte es que los investigados «obligaron» a las cooperativas 1 y 6 a comprar sus suelos «a un precio superior al que les hubiera correspondido». Este acto, además, «benefició» a las torres 2, 3 y 5, que financiaron la construcción «a costa» del «patrimonio» de los denunciantes. Fuentes oficiales de Bilbao Ría 2000 no quisieron hacer declaraciones.