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La guerra desatada en la lucha por el control de la patronal del comercio vizcaína (Cecobi) alcanzó hace dos años límites insospechados. Era la primera vez en 25 años que la batalla se dirimía en las urnas, ya que hasta entonces todos los aspirantes presentaban ... sus candidaturas sin someterlas a ningún plebiscito por la falta de contendientes en la carrera electoral. Sin embargo, todo cambió el 11 de marzo de 2021 cuando Aingeru Alonso intentó, sin éxito, desbancar a Pedro Campo, que ostenta la presidencia de la potente organización empresarial de forma ininterrumpida desde 2008.
La plancha de Alonso perdió las elecciones y después las impugnó al entender que su rival había vulnerado el proceso y que, por tanto, carecía de legitimidad para presentarse a las elecciones. Aseguró que había perdido el apoyo de la sección del mueble de Cecobi (Amubi) -por lo que concurrió en representación de la del metal (Acomet)- y que tampoco había justificado ninguna «vinculación patrimonial» con alguna compañía de este gremio.
En medio de estas luchas internas, Luis Rodríguez, que fue expulsado de la entidad en septiembre de aquel volcánico 2021, remitió una carta a los asociados de Amubi en la que acusaba a Campo de tomar decisiones para las que no tenía «atribuciones estatutarias». Le acusó del despido del secretario general, Julián Ruiz, pese a que «no había demostración ni prueba alguna de la falta de disciplina».
Dos años después de los comicios y de una lucha sin cuartel, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao acaba de fallar a favor de Campo a la demanda interpuesta por Alonso. Legitima su presidencia al frente de Cecobi y afea la conducta de la plancha liderada por Alonso y la actitud de Julián Ruiz, que tenía asignado un sueldo de casi 100.000 euros anuales, por «contradecirse» en su argumentario. La resolución avala, asimismo, la «solvencia económica» del jefe de la patronal, en contra del criterio de sus oponentes.
El fallo descarta que la candidatura de Campo fuese «irregular» y garantiza que cumplió en todo momento «los requisitos necesarios» para ser candidato en representación de Acomet. El juez también ha rechazado la anulación «de la designación de los miembros» realizadas por el mandatario actual.
En su escrito de contestación, Campo negó los hechos relatados y justificó este proceso tan tumultuario en la «inquina» que le profesaba Aingeru Alonso. El fallo subraya que Campo «fue legítimamente elegido» por Acomet y que actuaba como representante de Suministros LEP, lo que le acredita como un empresario «con riesgo patrimonial y no, exclusivamente, como un directivo y ejecutivo empresarial». El fallo recoge que Antonio Monasterio Hernández, presidente de la mesa electoral, «no observó ninguna anomalía» y que, de haber sido así, «no lo hubiera permitido». Para reforzar la figura de Campo, Monasterio advirtió que las empresas asociadas a Acomet son «de las que más dinero aportan» a Cecobi, por lo que tenía un mayor número de representantes. «Al presidente se le elige siempre como la persona más idónea, con unas características generales y por su calidad como empresario», esgrime.
El juez reprueba el comportamiento de Julián Ruiz tras manifestar «desconocer» que Campo fuera el representante de LEP y por «contradecirse en sus respuestas. No puede manifestar que no le constara la representación de Campo por Suministros LEP y que había otro que era Gorka». La resolución judicial concluye que las elecciones se realizaron en el marco de los «requisitos que establecen los estatutos de Cecobi».
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