El juez devuelve a la armería de Getxo el material que le incautaron hace 4 años

Cuatro años después de aquella operación, la instrucción judicial por supuestos delitos de tráfico, depósito y tenencia de armas, pertenencia a grupo criminal y falsificación de documentos sigue abierta. Tras pasar por varios juzgados, en la actualidad es el de Getxo el que se encarga del caso. Y, en las últimas semanas, con significativas novedades. La principal es que el juez ha ordenado que se devuelva al negocio de la localidad de la Margen Derecha «unas 11.990 armas inutilizadas». Es decir, la inmensa mayoría de todo el material incautado. La devolución empezó el lunes y podría prolongarse varias semanas por la gran cantidad de piezas que deben trasladar. Según explica Amaya Prieto, una de las responsables de 'Cantábrico Militaria', el magistrado ha tomado esta decisión después de «consultar a la autoridad pertinente» y comprobar que las armas de coleccionismo «cumplen con la legalidad».

Prieto insiste en que lo único que no les van a devolver de momento son nueve armas antiguas que «son objeto de un estudio pericial». Se trata de armas que no están inutilizadas, anteriores a 1890. «Si alguien entrase a robar un banco con una estas escopetas se reirían de él», apunta.

Desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que dirigió desde Madrid está operación, explican que la instrucción sigue abierta y que las armas que han sido devueltas son las que «no tienen relevancia en la investigación». Además, insistieron en que el negocio de Getxo no puede «ponerlas a la venta» y que debe repetir el proceso de intulización de las mismas. Las escopetas, fusiles y pistolas estaban ya inhabilitadas siguiendo la normativa de 1993, pero en 2011 y 2016 se publicaron nuevas normas más restrictivas en este sentido. Las mismas fuentes también apuntaron que los arrestados deberán obtener el título de armeros, que hasta el pasado año no era exigible en su actividad.

Los agentes que desarrollaron la operación acusaron a los detenidos de convertir esos objetos de coleccionismo en armas letales. Esas piezas -insistían- eran luego revendidas en el mercado negro de toda Europa, sin reparar en si el cliente era miembro del crimen organizado o de una banda terrorista. Apuntaban que la especialidad de la trama eran los Cetme retirados por el Ejército español, que, de cara al público vendía inutilizados, pero que también eran capaces de comercializar en perfecto uso y en modo automático.

Amaya Prieto subraya que están «muy tranquilos» con el procedimiento judicial. No sabe precisar qué delitos son por los que están ahora mismo investigados. Pero insiste en que «no hay nada» y que por eso la Policía tiene interés por «dilatar» la instrucción. Además, destaca los perjuicios que esta operación ha causado a su familia. No sólo a nivel «profesional» y «económico». También en el terreno «personal» e incluso «psicológico». En este sentido, recuerda que ella fue enviada a prisión preventiva 3 meses cuando sus hijos tenían 7 y 9 años, lo que les causó un gran «sufrimiento».