Los jueces vascos advierten de que hasta el 90% de las multas por el coronavirus serán anuladas

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¿Por qué? Porque las directrices que el Ministerio del Interior dio a las fuerzas de seguridad fueron que se sancionara por desobediencia a toda persona sorprendida rompiendo la cuarentena. Pero la definición de desobediencia en el Código Penal es clara y no deja lugar a dudas. «La clave está en que para contravenir la norma tiene que haber un requerimiento previo y que el denunciado haga caso omiso de ese aviso dado por los agentes», apunta Luis Garrido, que preside la sala de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y ejerce de portavoz de la APM en este asunto. «Y en la inmensa mayoría de las ocasiones, yo diría que entre un 80 y un 90%, no se ha dado esa situación, ya que el ciudadano suele acatar lo que la Policía le pide». Es decir, la ley prevé un castigo para el que no tome en serio a la autoridad tras una advertencia explícita pero no para el que desobedezca el estado de alarma, cuyo decreto que fija su entrada en vigor carece de un régimen sancionador específico.

Un ejemplo práctico real: A. R. M., un joven de 31 años residente en Leioa, fue identificado por una patrulla a 600 metros de su casa, cuando, según su relato, iba a comprar el pan y unos pasteles. Los agentes le tomaron los datos, le pidieron que diera media vuelta y le comunicaron que le enviarían una propuesta de sanción porque podía haber ido a una panadería más próxima. El joven alegó que el obrador más cercano a su domicilio no vendía pasteles. «Este hombre regresó a su hogar sin hacer la compra, cumpliendo la orden que se le dio. Luego no hay desobediencia», opina el abogado de Barakaldo Oscar Javier García.

Tanto la APM como Jueces para la Democracia consideran que el decreto de alarma «se podría haber elaborado con una mayor calidad» para no dejar este tipo de problemas en el aire. Sin embargo, los jueces también entienden que se dispuso de «muy poco tiempo» y de que todo se hizo «de forma apresurada» porque el coronavirus ya estaba llamando a las puertas de las UCIs. «Ha sido una situación sin precedentes», comenta Ana Zulueta, portavoz en Euskadi de Jueces para la Democracia. «Nuestro estado de Derecho es garantista, así que es probable que la inmensa mayoría de las sanciones decaiga». Garrido entiende que habrá algunas excepciones, que sí podrían acabar en condena. Pero serán muy escasas: «Hablamos de aquellas personas que se han resistido y que lo han hecho de forma recalcitrante».

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha tramitado el 25% de las 30.000 denuncias formuladas. Cerca de 1.200 vascos han pagado ya la sanción (la mayoría de 601 euros) acogiéndose al pronto pago (rebaja del 50%). Estos ciudadanos ya no pueden recurrir.

«Si se acata la orden de un policía cuando te ha sorprendido, no hay sanción porque no hay desobediencia»

Luis Garrido | Juez de la APM

«Nuestro estado de Derecho es garantista, así que le veo poco recorrido a la gran mayoría de las denuncias formuladas»

Ana Zulueta | Jueces para la Democracia

Llegados a este punto, se presenta un problema para la Justicia. Los magistrados están convencidos de que un porcentaje importante de esas 30.000 multas van a ser recurridas ante los tribunales cuando sean firmes por vía administrativa. Una carga de trabajo extra para unos juzgados que han tenido que estar más de dos meses parados. Los recursos se tramitarán por la jurisdicción Contencioso-administrativa. Y es necesaria una vista previa para darles salida. «Se llevarán a cabo por el procedimiento abreviado pero hace falta oír a las partes, lo que ahora mismo supone tiempo, teniendo en cuenta sobre todo las precauciones que estamos tomando contra el virus (limpieza de salas después de cada juicio...)», apunta Garrido.

Una posible solución para aligerar este atasco sería recurrir a un mecanismo llamado pleito-testigo, que intenta agrupar cientos de casos similares para ser resueltos de golpe. Pero es algo complejo «porque cada situación derivada de la ruptura del confinamiento puede ser diferente», apunta el miembro de la APM. Otro atajo sería evitar las vistas, pero para ello, ambas partes deben estar de acuerdo en presentar sus conclusiones por escrito. Todo apunta a que los juzgados acumularán una presión extra para resolver una problemática que los jueces tienen bastante clara.