Los jueces rechazan que el sector público exija a una subcontrata saber euskera

Los magistrados han llegado a la conclusión de que «no cabe imponer a los trabajadores de una empresa privada las mismas exigencias que a los empleados públicos». El fallo tiene gran importancia porque muestra la posición del TSJPV respecto a futuros casos relacionados con esta problemática, en el ámbito de las compañías que trabajan para la Administración.

El pleito tiene su origen en un concurso público lanzado en 2021 por el Consistorio de Barakaldo para encargar a una empresa la ejecución de programas culturales de proximidad en el municipio, con un coste de 4,6 millones de euros. Según los pliegos, la adjudicataria tenía la obligación de subrogar a la plantilla que ya presta desde hace muchos años este servicio.

La novedad era que las bases de la licitación establecían como obligatorio que estos trabajadores tuvieran un perfil 3 de euskera para los técnicos y un 2 para los administrativos y personal de mantenimiento, o bien que se pusieran a estudiar para acreditarlo en un plazo de dos años. En total, el número de personas a las que hacía referencia el contrato era de 26 y tenían que obtener su título «sin excepción». Algunas de ellas, se apunta en la sentencia, ni siquiera trabajaban de cara al público.

El concurso fue impugnado por el sindicato CC OO, al considerar que se estaba produciendo una discriminación hacia los trabajadores. El abogado de la central planteó incluso que se ponía en riesgo su empleo. Además, también llamó la atención sobre el hecho de que se trataba de un requisito «desproporcionado» en comparación con la realidad lingüística de un pueblo como Barakaldo. Destacó el sindicato, durante el litigio, que sólo el 16% de los vecinos de la segunda ciudad vizcaína dicen saber euskera, según los datos del Eustat.

Pese a que hubo un proceso de negociación e incluso el Consistorio llegó a reconocer que la redacción de los pliegos era confusa y que no se pretendía imponer esa exigencia a los empleados de la contrata, sino que se buscaba que la empresa adjudicataria les diera formación en materia de euskera, el caso llegó a los tribunales porque finalmente no se modificaron los pliegos.

En su sentencia, los jueces reprochan al Ayuntamiento que «no motivara el porqué de los perfiles exigidos para cada plaza, ni las razones por las que estos trabajadores ya no serían aptos para continuar prestando sus servicios». Abundan los magistrados: «De hecho, parece ser que la Administración local ni siquiera conoce cuál es nivel de euskera de los trabajadores».

Además, el tribunal constata que «tampoco se prevé por el Ayuntamiento una implantación progresiva, ni se tienen en cuenta las circunstancias especiales de los trabajadores a los que afectaría esa medida. Todo su argumento se ciñe a que no se les va a exigir de manera efectiva que alcancen el nivel de euskera exigido, sino solamente que se apunten al euskaltegi». Por todo ello concluye que «no cabe extender esa exigencia propia del acceso a la función pública, refiriéndola indirectamente al conjunto del personal al servicio de los futuros contratistas y adjudicatarios de obras y servicios, y directamente a estos».

CC OO ha valorado positivamente la sentencia, que el Ayuntamiento aún está en plazo para recurrir. El sindicato advierte de que se está tramitando un nuevo decreto autonómico sobre perfiles lingüísticos, que pretende entrar a regular también la situación de las contratas públicas. La central cree que no es una cuestión «de todo o nada» a la hora de saber euskera. Asegura que dependerá del servicio y de la realidad del entorno: «Hay muchos matices». CC OO ha pedido a Lakua que cada caso se ajuste a planes individuales sobre dos bases: exigencia de perfil acorde a la demanda efectiva del servicio a prestar y necesidad de cada sector, así como recursos para ayudar en el aprendizaje del personal implicado (matrículas en el euskaltegi y liberaciones horarias). Estas peticiones no han tenido por ahora «receptividad».