Los jueces certifican que el vertedero de Zaldibar admitió 13 toneladas de residuos peligrosos

El vertedero de Zaldibar solo tenía licencia de actividad para el depósito de desechos no peligrosos. Contaba también con un permiso para funcionar como garbigune y enviar después a diversos gestores aquellos restos que resultaran valorizables, aprovechables o que no tuvieran cabida en Zaldibar por su toxicidad. Después de la catástrofe humana y ecológica, el Gobierno vasco aseguró que el único residuo peligroso que acababa en la instalación era el amianto, aunque debidamente aislado y empaquetado. El ocho de febrero, dos días después de la tragedia, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, matizó que «existían» residuos no autorizados, aunque «en cantidades pequeñas». La resolución judicial desvela ahora que al menos fueron 13,3 toneladas en dos años (8.560 kilos en 2018 y 4.820 kilos en 2019) de residuos electrónicos o eléctricos (RAEE) los que franquearon la puerta del basurero de forma irregular.

En aquellos momentos posteriores al desastre, Moreno anunció también que su departamento estaba «a punto» de abrir un expediente sancionador por una serie de incumplimientos detectados en varias inspecciones que se habían realizado en 2019. Es precisamente esta multa la que ahora han avalado los jueces. Este expediente recogía 11 irregularidades por parte de la dueña del vertedero, Verter Recycling.

Quizás la más llamativa sea la número 11, la que hace referencia a la entrada de residuos peligrosos. Verter Recycling se excusó ante los jueces asegurando que los aparatos electrónicos entraban mezclados con otros voluminosos (muebles, colchones...) y que se ponían al margen «de forma temporal» hasta que eran recogidos por gestores autorizados. El Gobierno vasco sanciona esta actividad porque entiende que los residuos no debieron siquiera entrar al vertedero: tendrían que haber sido rechazados desde el primer momento. Los jueces confirman la multa y echan por tierra los argumentos de la empresa. Llegan a decir que «la recogida de residuos peligrosos no era puntual sino habitual». Y abundan que «pese a los requerimientos de la Administración, no adoptó medida correctora alguna».

Pero la posible presencia de residuos peligrosos en Zaldibar podría ser aún mayor. En la sentencia también se habla de otros incumplimientos que inducen a pensar que se vertían desechos contaminados sin control alguno. La irregularidad 9 hace referencia a que en el negocio se tiraban sin su preceptiva documentación materiales que necesitaban de un certificado de que no entrañaban toxicidad.

Es lo que se conoce como 'residuos espejo'. Se trata de desechos que pueden ser calificados de peligrosos o no, en función de su procedencia o estado. Y por ello, se debe acreditar ante el Gobierno vasco que son aptos para ir a un depósito de residuos no peligrosos como el de Zaldibar. Esta es la irregularidad calificada como más grave de entre las 11 detectadas. El expediente, sin embargo, no aclara cuántas toneladas se pudieron echar así, sin la debida documentación. Los jueces afean a la compañía que «en ningún momento» haya aportado esos certificados que sus abogados sostienen que sí existen.

Otra de las irregularidades revela hasta qué punto Verter Recycling eludía cumplir los requerimientos. Es la irregularidad 3, la que hace referencia a la acumulación de metano y la falta de un sistema de recogida de gases. Desde 2013, el Gobierno vasco le venía exigiendo sin éxito su implementación. La sentencia es firme (no ha sido recurrida) y el Gobierno vasco está intentando cobrar los 100.000 euros, aunque Verter, que debe casi 30 millones, está en quiebra y disolución.