Los chicos del bosque

Cuatro años después, en Europa cerca de un millón de personas carecen de techo. En España el sinhogarismo alcanza a más de 6.000 personas. De acuerdo con el recuento efectuado el pasado mes de octubre, en el País Vasco y en Bizkaia son 1.541 y 895, respectivamente, las personas que pasaron la Nochebuena a la intemperie en nuestras plazas, parques o en frágiles tiendas de campaña en las playas y laderas montañosas.

Singularmente, nuestro particular 'belén viviente', nuestros 'chicos del bosque', acamparán de nuevo este invierno en tres municipios: Bilbao, Barakaldo y Getxo. Esta concentración no es casual: responde a la realidad de que, en Bizkaia, solo estos tres Ayuntamientos mantienen el instrumento solidario del «padrón social» ofertado a los emigrantes sin vivienda con residencia de, al menos, tres meses en el municipio. Porque son los emigrantes jóvenes -entre 18 y 25 años- provenientes del Magreb, en su mayoría con un nivel de formación equivalente o superior a nuestra enseñanza general obligatoria, quienes personalizan el actual perfil de la población que pernocta en la calle. Recordemos que el empadronamiento en un municipio es la llave de acceso a la vecindad requerida para acceder al Sistema Vasco de Servicios Sociales, de Salud y de Educación, entre otros.

Debemos reconocer sin ambages que esta cruda realidad migratoria en situación de intemperie contradice el objetivo ético de «ofrecer lo que desearíamos recibir», comprometido en el Pacto Social Vasco para la migración. Y, también, nos señala lo lejos que estamos de poder afirmar que contamos con unas políticas públicas que definan un verdadero «modelo vasco de acogida» coherente con los derechos humanos.

No partimos de cero. Recordemos dos datos bien recientes. En el mes de julio de 2024 el lehendakari presentó para su remisión al Parlamento vasco el programa del Gobierno para esta legislatura. En sus propuestas políticas incluyó en el objetivo estratégico del «Reto demográfico» la elaboración de un plan integral de incorporación sociolaboral de personas inmigrantes, con el que llevar a cabo una gestión inteligente e inclusiva de quienes lleguen a Euskadi en busca de una oportunidad; asimismo, explicita el compromiso de reforzar e impulsar la acogida y el acompañamiento en la integración de las personas migrantes y refugiadas. Además, en el mes de octubre, la Asociación de Municipios Vascos EUDEL aprobó un Manual de políticas locales de acogida a personas extranjeras que pretende articular «el mínimo común denominador de un Modelo Vasco de Acogida». El Manual reivindica la aprobación por los Ayuntamientos y Mancomunidades de protocolos de acogida y la creación, como «prestación fundamental», de servicios locales de primera acogida que garanticen el acceso igualitario de las personas extranjeras al empadronamiento municipal y, con ello, a los servicios públicos de base.

Supondría un avance sustantivo la aprobación por el Parlamento de una Ley de Vasca del Derecho de Acogida. En cumplimiento del Estatuto Vasco, el Gobierno vasco goza de iniciativa legislativa y le corresponde promover y liderar las políticas que pueden dar vida a un auténtico derecho de acogida de las personas extranjeras migradas como ejercicio de las competencias estatutarias en materia de desarrollo comunitario, vivienda y regulación del sistema de servicios sociales. Necesitamos una ley que, en la actual legislatura 2024/2028, comprometa a todas las Administraciones del País Vasco a hacer realidad el «principio de ciudadanía residente» basado en la voluntad de las personas migrantes de permanecer de forma estable y de querer formar parte activa de nuestro sociedad. Desde ahora y en todo caso, este principio de ciudadanía reclama, como inexorable punto de partida, la generalización del «empadronamiento social» que hoy resulta negado por un vergonzoso porcentaje de nuestros Ayuntamientos.