Jabyer Fernández volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados. En esta ocasión, el que fuera uno de los principales constructores de Euskadi -y hoy el mayor deudor de la Hacienda vizcaína- está procesado por un supuesto delito de estafa y otro de ... falsedad por las denuncias presentadas por una treintena de afectados de una fallida promoción inmobiliaria en el barrio de Mamariga de Santurtzi.
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La acusación particular pide 8 años de prisión para él y para Carmelo Merino, su exsocio en esta operación. También reclama una indemnización por los daños morales sufridos después de estar más de diez años sin las viviendas que habían adquirido. Muchos de ellos, además, se quedaron sin sus antiguas casas en Mamariga después de que las permutasen por otras de nueva edificación y fuesen derribadas para dejar sitio a la nueva urbanización. Tras la demolición, la empresa de Fernández y Merino les pagó un alquiler durante un tiempo -como se habían comprometido-, pero dejó de hacerlo en 2011 por falta de liquidez. La Fiscalía no ha presentado acusación al no apreciar indicios de delito.
Jabyer fue el encargado de abrir las declaraciones ante la sección sexta de la Audiencia de Bizkaia, después de una instrucción que ha durado años. El constructor, encarcelado entre 2015 y 2018 por un delito de insolvencia punible en el marco del 'caso Iurbenor', insistió en que la promoción AGR 207 de Mamariga falló por un simple problema de financiación, después de que los bancos cortasen el grifo de capital necesario para seguir adelante con la promoción a raíz del estallido de la crisis de 2007. Negó cualquier relación con el 'caso Iurbenor', una promoción de 2.000 viviendas en Barakaldo. Por eso no daba crédito a la acusación de estafa. «Esto me parece una broma», lanzó.
Fernández recalcó que su vocación desde el primer momento era llevar adelante el proyecto, pero que este acabó siendo «ruinoso» con más de 3,5 millones de euros de pérdidas. El acusado destacó que él no firmó ningún documento con los afectados ya que «heredó la gestión» de su socio, Carmelo Merino, que en 2003 fue el encargado de llegar a acuerdos con los cerca de 300 propietarios que había en los terrenos en los que se quería levantar la promoción. Él entró después de hacerse con el 50% de la sociedad que estaba llevando adelante la promoción. Era un socio más de sus numerosas obras por España -dijo- y citó como ejemplo a Florentino Pérez.
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El asunto más polémico del proyecto fallido fueron las 19 permutas de viviendas. Tanto él como su exsocio destacaron que fueron los propios afectados los que decidieron permutar sus «infraviviendas», que estaban fuera de ordenación y donde algunos vivían «entre ratas», por pisos de nueva construcción. Fueron -dijo- los que «más arriesgaron», pero también los que más tenían que ganar si todo salía bien. A muchos de ellos se les pagaron gastos atrasados e incluso deudas pendientes para que firmasen el acuerdo. Otros, en cambio, pidieron dinero a cambio de sus propiedades y otros exigieron la ejecución de un aval bancario -«que se ejecutó»- en el caso de que la promoción no fuese adelante. Jabyer, además, destacó que, después de que el banco se quedase con el proyecto, las casas se están construyendo y los demandantes tendrán pronto sus nuevas viviendas.
Carmelo Merino se mostró «indignado» con la acusación de estafa e insistió en que todos los fondos que se utilizaron del crédito bancario fueron para pagar gastos de la promoción. También declaró el exalcalde de Santurtzi Ricardo Ituarte, que presentó un recurso contra el proyecto cuando estaba en la oposición y dijo que, ya como alcalde, en una conversación telefónica con Jabyer, éste no mostró interés por la situación de los propietarios afectados.
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