colpisa / afp
Martes, 12 de enero 2016, 01:31
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha dejado en suspenso a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, al declarar nulas sus decisiones por haber incorporado a tres diputados impugnados, creando un vacío de poder legislativo que agrava la crisis institucional en el país.
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La Sala Electoral del TSJ considera "nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación" de los parlamentarios cuestionados por el oficialismo, según el fallo publicado en la página oficial del órgano de justicia.
Tras conocer la decisión, el vicepresidente del órgano legislativo, el opositor Simón Calzadilla, ha señalado que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantendrá a sus 112 diputados, quienes, señaló, están protegidos por la inmunidad parlamentaria y acudirán a sesiones el martes.
"No existe forma alguna de que se pueda acatar o ejecutar esta sentencia que acaba de decidir el TSJ. Absolutamente política, nada jurídica, obediente al PSUV (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela)", ha declarado Calzadilla.
Por su parte, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ha manifestado que mientras esté en desacato el Parlamento será "un foro de debates y no de decisiones", y ha sugerido que ante las "omisiones" -ausencias- de la Asamblea su papel "los asume la Sala Constitucional del TSJ".
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El TSJ, al que la oposición acusa de aliado del oficialismo, declaró "en desacato" a los tres legisladores y a la junta directiva del Parlamento, presidida por el férreo antichavista Henry Ramos Allup, que los nombró el pasado miércoles un día después de la constitución del Parlamento.
Para el analista Luis Vicente León, el gobierno usa "todos los mecanismos para minimizar la acción" de la Asamblea, pero señala que por su parte la oposición no debe de "cazar todas las batallas" y que ambos bandos tendrían que estar dispuestos a negociar.
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La semana pasada, la Asamblea Nacional conformó una comisión para investigar la designación de magistrados del TSJ -hecha en Navidad por la entonces mayoría parlamentaria chavista en sesiones maratónicas-, encargados de fallar las impugnaciones presentadas por el oficialismo.
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