La brigada antibacterias peina El Arenal

El trabajo empieza un par de semanas antes de la gran cita, cuando los participantes en la feria (232 casetas y diez txosnas en esta edición) envían al Área municipal de Salud y Consumo su memoria sanitaria: qué van a vender, en qué condiciones, si hace falta frío, agua, qué características debe tener el puesto... El asunto está muy regulado. Este miércoles, desde las siete de la mañana, siete inspectores (de los 16 veterinarios con los que cuenta el Ayuntamiento) recorrieron las instalaciones para certificar que todo estaba correcto y conforme a los permisos otorgados.

¿Algún problema? «Sólo media docena de correcciones de poco calado y fácilmente subsanables, como, por ejemplo, colocar algún bidón de agua para hacer manipulación de alimentos», explica Argizka Etxebarria, subdirectora de Salud y Consumo. Antes del mediodía ya habían supervisado prácticamente todo y se disponían a despacharse unos talos con garantías. El trabajo que tienen a veces es algo desagradecido porque, como se puede suponer, hay gente que recibe a los inspectores un poco de uñas. Cada cual sitúa en un lugar diferente el límite de lo tolerable y siempre se encuentran con quien les tacha de tiquismiquis y pejigueros, venga a poner problemas. «Queridos no somos», admite Etxebarria, «pero respetados, sí».

La concejala de Salud y Consumo, Yolanda Díez, no parecía sorprendida porque las cosas discurriesen con normalidad: «Los puestos conocen muy bien cómo cumplir con las garantías sanitarias». Eso sí, llamó mucho la atención sobre los elementos descontrolados que se mueven al margen de los canales oficiales. Esto es, la gente que se pone a vender cosas en la calle, a hacer pinchos morunos en la acera, a ofrecer bocadillos baratos y enigmáticos. «Hago un llamamiento a la responsabilidad personal: que se consuma en espacios con garantías». Todo lo que llegue por vías informales carece de «trazabilidad, no sabemos donde se hace ni en qué condiciones». También hay que considerar que la hostelería y los puestos regulados mayoritariamente asumen su compromiso con el bien común por la vía fiscal.