La Iglesia vizcaína investiga desde enero una veintena de abusos sexuales

En Bizkaia, además, el Obispado ha dado un empujón a la comisión de investigación que el anterior prelado, Mario Iceta, impulsó en julio de 2019. En el último mes, este grupo de trabajo ha localizado una veintena de víctimas con las que se mantiene en contacto para ofrecerles «reconocimiento y reparación». Porque, según ha podido saber este periódico, la mayoría de los casos son antiguos y no tendrán recorrido judicial pese a que la Ley del Menor amplió el pasado verano la prescripción de estos delitos hasta que las víctimas tengan entre 35 y 50 años.

Todo apunta, asimismo, a que tampoco serán admitidos por un tribunal canónico por la misma razón. Desde la comisión, que cuenta con el respaldo del actual obispo, Joseba Segura, defienden que el «compromiso moral» con los afectados no prescribe, y no quieren renunciar a «acoger» y «ayudar» a quienes hayan sufrido abusos y hayan callado durante años.

Cinco personas componen esta comisión de investigación. Al frente se encuentra Carlos Olabarri, presbítero, abogado y el único religioso. También forman parte la profesora Julia Moreno; la psicóloga María Pérez; y la jurista Gemma Escapa, profesora en el máster sobre desprotección de menores en la Universidad de Deusto, miembro de la Asociación Vasca contra la Infancia Maltratada y colaboradora de Cáritas. Cierra el grupo Teo Santos, ertzaina jubilado y el único con perfil público, que ha trasladado los métodos policiales a esta investigación.

Y no lo tienen nada fácil. A veces las víctimas no son capaces de recordar el nombre exacto del abusador, otras carecen de una horquilla temporal en la que fechar los ataques... Así que su labor pasa por bucear en archivos, seguir «el recorrido» de los religiosos bajo sospecha por las diferentes parroquias a las que fueron destinados e incluso buscar fotos antiguas para que las víctimas identifiquen a otros niños que puedan haber sufrido la misma situación que ellos.

El trabajo de la comisión, que se ha intensificado en las últimas semanas, se centra exclusivamente en los abusos de ámbito diocesano. Es decir, no aborda aquellos supuestos episodios que pudieran haberse registrado en las diferentes órdenes religiosas. En este sentido, algunos damnificados creen que no es suficiente y echan en falta que el Obispado se implique también en este ámbito.

Antes de que 'El País' trasladara en diciembre al Vaticano y a la Conferencia Episcopal un informe que recogía 251 casos en toda España, cinco de ellos en Bizkaia, los 'investigadores' coordinados por Carlos Olabarri ya trabajaban en otros seis expedientes. En uno de ellos solo queda que la Diócesis y la víctima acuerden un comunicado para hacerlo público y otro está en manos de la justicia ordinaria al no haber prescrito.

El grupo de trabajo vizcaíno tiene sobre su mesa, entre otros, el expediente abierto por agresiones en el sanatorio infantil de Santa Marina, en la iglesia de Bedia... También han reactivado las pesquisas sobre los ataques sexuales en el Seminario de Derio, desvelados hace más de una década precisamente tras un estudio encargado por el Obispado sobre la historia de esas instalaciones. Entonces, una decena de antiguos alumnos admitieron haber sufrido abusos, y el grupo de investigación quiere indagar más.

A la vía civil saltó en diciembre de 2018 otro caso que golpeó con fuerza a la Iglesia vizcaína, el del vicario de Uribe Kosta, Egoitz Arruza, acusado de abusar de tres chicas, una de ellas menor, en el grupo juvenil de tiempo libre de los 'scouts'. Era una persona de máxima confianza de la jerarquía eclesiástica vizcaína, un sacerdote con gran proyección, y fue la propia Diócesis quien le apartó y denunció públicamente los hechos.

Poco antes, en enero de 2017, salió a la luz el motivo por el que la Iglesia de Gipuzkoa había apartado al vicario general, Juan Kruz Mendizabal, 'Kakux'. Hacía meses que un tribunal canónico había considerado probado que había abusado de dos menores entre 2001 y 2005. Fue la primera vez que la Curia vasca reconocía un caso de pederastia.

Aquel episodio aceleró la elaboración de un protocolo para prevenir estos casos y que, entre otras cosas, recomienda trabajar en espacios abiertos, acristalados y en grupo para eliminar rincones opacos que puedan facilitar los abusos. Poco después, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, señaló que había otros cuatro sacerdotes acusados de agresiones sexuales. Los expedientes ya están cerrados, tras completar un proceso canónico de «reconocimiento de culpa» por parte de los acusados.

En la actualidad, sólo Bizkaia mantiene su investigación en curso. Ni Gipuzkoa ni Álava tienen sobre la mesa casos que les afecten. El Obispado de Vitoria sí reconoce haber recibido información que afectaba «a otras diócesis», incluso a una «de Francia», a las que han trasladado los testimonios recibidos.