La Iglesia tiene cien pisos pendientes de asignar en alquiler protegido en Bizkaia

Los pisos en cuestión son aquellos propiedad de las parroquias o casas curales que van quedando libres, ya sea por fallecimiento de los sacerdotes o por su jubilación, momento en que se recluyen en la conocida como Residencia de Venerables, en Begoña. La Iglesia vizcaína ha pasado en las últimas siete décadas de tener 800 sacerdotes a apenas 250, de los que la mayoría han superado ya los 70 años. El resultado es un parque de vivienda que el Obispado quiere que cumpla una función social a medida que se vaya liberando.

«Bizkaia ha servido de prueba piloto para un experimento que se pretende luego extender a Gipuzkoa y Álava, donde aún no hay convenios firmados pero ya hay propuestas concretas», explica Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. «Fue el Gobierno vasco quien contactó con la Iglesia para dar utilidad a esos pisos vacíos. Fruto de esas negociaciones firmó el año pasado un convenio con la Diócesis de Bilbao, la más proactiva de los tres territorios».

El proceso, sin embargo, es largo. «Cuando incorporamos una vivienda tiene que reunir condiciones de habitabilidad y un equipamiento mínimo (cocina). No se exige que sea accesible, porque puede no servir para alguien con discapacidad pero sí a otra persona». Si no cumple los requisitos, el Gobierno vasco puede ayudar al propietario con los gremios para su rehabilitación y facilitar préstamos de hasta 18.000 euros para que la deje en condiciones, cantidad que se descontará luego del alquiler. La vivienda deberá permanecer en el programa un mínimo de seis años. «Lógicamente, tiene que estar en un sitio donde exista demanda. Si el inmueble se encuentra en estado ruinoso y no hay nadie interesado allí, no la aceptamos», ilustra Yoldi.

El Departamento adjudica estos pisos a los inscritos en Etxebide, que pagarán como máximo un 30% de sus ingresos, situándose el alquiler medio en 226 euros al mes. A fecha de hoy, la Administración vasca tiene contabilizadas 55.000 demandas de alquiler protegido. El Gobierno tiene 14.200 pisos ocupados con inquilinos, de los que 6.000 corresponden a Bizigune (el resto es parque público).