Iceta exige al falso obispo que abandone el monasterio de las monjas cismáticas

En una rueda de prensa, Iceta explicó que, al estar Rojas y Ceacero fuera de la Iglesia católica, no pueden permanecer en el recinto del convento. «Tienen prohibido el acceso y la permanencia en el monasterio, que es un recinto privado», señaló. Un comportamiento que es extensible a «cualquier persona vinculada a la secta». El requerimiento ya les ha sido notificado a través de un burofax.

El problema es que no parece que ninguno de ellos tenga intención de abandonar el monasterio. Preguntado acerca de cómo pretende llevar a cabo su expulsión, Iceta indicó que la intención es abrir un «proceso de diálogo» pero que se tomarán las medidas «judiciales» que se consideren oportunas, aunque no se han marcado un plazo para ello. El arzobispado ha contratado un despacho especializado y no descarta adoptar «medidas de fuerza judicial».

Iceta ha sido nombrado por el Vaticano comisario pontificio, lo que, en la práctica, le otorga plenos poderes en la gestión de la crisis y también el control sobre los tres monasterios implicados en la trama cismática -Belorado, Orduña y Derio-, así como sobre su patrimonio. Los conventos son 'sub iuris' por lo que dependen en última instancia de la Santa Sede, que ha estado «puntualmente informada» de todo lo sucedido.

Con este nombramiento «unipersonal», Iceta «tiene más autoridad que la abadesa y el consejo», tanto en lo que se refiere a las labores religiosas como a la administración de sus bienes, según explicó Miguel Gómez Arce, vicario judicial de la archidiócesis de Burgos. No obstante, el exobispo de Bilbao subrayó que todas sus decisiones serán «colegiadas» con la comisión gestora creada ex profeso. Está compuesta por cinco personas, entre ellas la presidenta y la secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, máximas autoridades de la orden.

Las clarisas ya advirtieron a sus hermanas rebeldes de que su decisión de romper con Roma las dejaba fuera de la orden. Iceta abundó ayer en ello y afirmó que también conllevaría la expulsión de la vida consagrada», lo que podría derivar incluso en la excomunión de todas ellas.

Mandato caducado

Este punto es relevante por las dudas que existen en torno a la titularidad de los inmuebles. La intención por parte de las clarisas rebeldes de vender el convento de Derio para comprar otro en Orduña fue lo que, en última instancia, provocó el cisma. Pues bien, Iceta dejó claro que los conventos «son bienes eclesiásticos» y pertenecen a cada comunidad de clarisas «como entidad jurídica» y «no a sus miembros». Por tanto, si las religiosas cismáticas no rectifican y vuelven al redil, perderían todo derecho sobre su compraventa. Los conventos quedarían así «en el ámbito de la federación» de las clarisas.

Por otro lado, ayer expiraba el plazo para renovar el cargo de abadesa de la comunidad de las clarisas de Belorado. Sor Isabel de la Trinidad ha cumplido dos mandatos consecutivos, el máximo que permite el derecho canónico. Estaba previsto que Iceta visitara a las monjas de Belorado el pasado día 27, a las de Orduña el 28 y que este miércoles se hiciese oficial el nombramiento de la nueva abadesa. Nada de eso ha sido posible. En virtud de la designación del Vaticano, ahora Iceta es la máxima autoridad de las monjas sedevacantistas.