Guerra en la patronal del comercio vizcaíno

27 de los 49 empresarios con derecho a voto apoyaron su plancha frente a los 21 apoyos que recabó el aspirante, de 42 años, que pretendía ofrecer mayor «transparencia» a los comerciantes e involucrarles «en la toma de decisiones». Al día siguiente de las elecciones, Campo trasladó un mensaje conciliador y prometió «cambiar el modelo interno y externo de Cecobi» con un trabajo «claro». No obstante, la organización que aglutina un tercio de los cerca de 15.000 comercios existentes en el territorio vive desde marzo una guerra sin cuartel que se ha saldado con la dimisión y destitución de varios directivos y «el despido disciplinario» del exsecretario general de la organización, Julián Ruiz.

Campo presentó el pasado octubre en el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao una querella criminal contra el que fuera su mano derecha por la comisión de, «al menos», tres delitos, según detalla en la circular que remitió el 28 de diciembre a los asociados de Amubi, la agrupación del comercio del mueble. Acusó, en concreto, a Ruiz de «falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal».

El abogado de la confederación empresarial, que integra a 40 entidades sectoriales, recordó ayer a este periódico que la querella ha sido admitida a trámite, «por lo que existen indicios de la comisión de esos delitos». También comentó que Ruiz «se negaba a facilitar todo tipo de información, además de llegar a fijar incluso sus propios emolumentos, sin consultarlo con nadie. Hacía de su capa un sayo», censuró el letrado.

La crisis de Cecobi arrancó en la víspera de las elecciones cuando Amubi, presidida por Luis Rodríguez, «retiró la confianza» a Campo y propuso como candidato de la sección del mueble a Aingeru Alonso. Este interpuso una demanda judicial contra la patronal y denunció a Campo por incumplir los estatutos al no mantener, según su opinión, «ninguna responsabilidad patrimonial» con la empresa que aseguraba representar.

«Al perder el apoyo de la sección del mueble, se presentó por la del metal, pero tampoco justificó vinculación patrimonial alguna con ninguna compañía de este gremio». subrayó Alonso. «El mismo día de las elecciones advertimos a la asamblea de que en este contexto no se podrían llevar a cabo los comicios, pero hicieron caso omiso». se lamenta. Posteriormente, la candidatura de Alonso optó por impugnar las elecciones.

En medio de estas luchas internas, Luis Rodríguez, que fue expulsado el pasado septiembre de todos los órganos de gobierno de Cecobi -su empresa también fue dada de baja-, envió la víspera de Nochebuena una nota a los asociados de Amubi en la que acusaba a Campo de tomar decisiones «para las que no tenía atribuciones estatutarias». Entre las «numerosas irregularidades» cometidas por el presidente figuraban, a su juicio, las destituciones de las adjuntas a la secretaría general, María Irigoyen y Esther Fernández, y el despido de Julián Ruiz, que Amubi rechazó por entender que «no hay demostración ni prueba alguna» de la falta de disciplina. «Su único delito ha sido obligar, o intentar obligar a la presidencia de Cecobi, a respetar los estatutos», subraya.

Rodríguez lamenta que como consecuencia de la «oposición» mostrada «a los excesos» de Campo tanto él como Alonso han recibido «toda clase de insultos y y faltas de respeto». Tras «agotar» todas las vías posibles de soluciones, el presidente de Amubi ha propuesto a sus asociados trabajar de «una forma independiente» y al margen de Cecobi. «Convocaremos reuniones con juntas directivas de otras asociaciones que comparten la misma inquietud que nosotros y han sufrido parecidos desmanes, como las de gimnasio e imagen personal».

En medio de este cruce de acusaciones, fuentes del entorno de Julián Ruiz, que ha declinado realizar cualquier comentario, aseguran que este considera «injusta» la querella, rechaza «todos los delitos que se le imputan» y defiende su «honorabilidad, como se lo ha hecho saber en una documentación» remitida a Pedro Campo.