El Gobierno vasco prepara una nueva ley que extremará el control sobre los pisos turísticos

Estos objetivos fueron desgranados ayer en el Parlamento vasco por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, el único que repite en el Ejecutivo autonómico con la mismas responsabilidades que durante la pasada legislatura. Pese a que se podía esperar un discurso continuista, insistió en la necesidad de redoblar esfuerzos para evitar «que los edificios con fines residenciales se conviertan en viviendas turísticas».

Aunque los pisos turísticos solo representan el 0,4% del total del parque de viviendas de Euskadi -una cifra que asciende al 1,3% en el conjunto de España-, Hurtado insistió en la importancia de «seguir regulando una actividad que, por su naturaleza convive estrictamente con la ciudadanía». Es por ello que el Gobierno vasco prepara una nueva Ley de Turismo que refuerce el control y la inspección sobre las viviendas de esta tipología que actúan al margen de la ley. Es decir, aquellas que se publicitan sin estar inscritas en el registro oficial.

El nuevo reglamento, que viene de la transposición de una normativa europea, acabará con la «impunidad» de unas plataformas que hasta ahora «han incumplido la obligación de compartir información o de garantizar que las viviendas que se publicitan sean legales». Con la futura ley, en cambio, estarán obligadas a facilitar a la Administración tanto la ubicación como los datos del propietario que anuncia su casa en estas páginas web, lo que facilitará el rastreo de quienes ejercen la actividad e manera fraudulenta.

La nueva ley también aumentará la cantidad de inspectores dedicados a encontrar viviendas turísticas ilegales. En la actualidad, el Gobierno vasco dispone de 15, de los que cinco son personal jurídico. ¿Y cuántos más habrá? Pues, según señalan desde el Departamento de Turismo, depende la tramitación presupuestaria y en cuánto ascienda el montante que recibe el área. Las mismas fuentes también apuntan a que el nuevo marco normativo también buscará «mejorar la graduación de sanciones en la propia ley». En la actualidad las infracciones solo se como 'leves' o 'graves', con multas que van desde los 10.000 euros hasta los 600.000. Un abanico demasiado amplio que ven necesario «acotar» y especificar qué sanción corresponde a cada supuesto.

El consejero socialista evitó dar más pistas sobre cómo será el impuesto al turismo que pretende impulsar. Al igual que hizo en un carrusel de entrevistas radiofónicas el pasado julio, se limitó a explicar que su Departamento se da seis meses para diseñar este nuevo gravamen a las estancias de viajeros. También insistió en que se trata de un tributo autonómico y no de una tasa municipal, como reclaman varios ayuntamientos -encabezados por Bilbao y San Sebastián-, que quieren que todo lo recaudado acabe en las arcas municipales.

La cuestión es que a la rebelión municipal se le ha sumado una oposición que no acaba de ver con buenos ojos la forma en la que se quiere implantar la medida. La parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, señaló que su formación apuesta por una impuesto «local y progresivo». Ainhoa Domaica, del PP, calificó la medida como «absolutamente intervencionista» y pidió «que se deje a los ayuntamientos que decidan si la quiere poner en marcha». Amaia Martínez, de Vox, pidió al consejero más información, al tiempo que mostró su preocupación por que «suponga desajustes territoriales».