El Gobierno vasco pone fin a 40 años de venta de VPO

La razón se explica, según el responsable socialista, en que hay proyectos urbanísticos que se demoran mucho en el tiempo. «Algunos más de 12 años». De hecho, aunque a partir de junio todas las nuevas promociones que desarrolle la viceconsejería se destinarán exclusivamente al alquiler, hay que ver este «compromiso firme» con ciertos matices. Porque el propio Jáuregui reconoce que, en realidad, todavía se levantarán edificios públicos para venta hasta «2024 o 2025». Tantos como para acoger 730 nuevos pisos. Entre ellos, 295 en la isla de Zorrozaurre, más 144 en otros dos bloques en Bolueta, además de 63 en Arrasate, 54 en Getxo, 42 en Hondarribia y promociones más pequeñas en Portugalete, Santurtzi, Eibar y Azkoitia.

Todas, insiste, responden a convenios anteriores, contratos-programa «firmados hace muchos años en municipios donde había demanda para compra». Y lo que intenta ahora el Departamento es acelerar todas estas operaciones, «de manera que su calificación de vivienda protegida en régimen de compra se produzca antes del tercer trimestre de 2020 y así no pueda haber ninguna duda de que respetamos fielmente y hasta el último extremo el mandato de la Ley de Vivienda».

Atrás queda el inicio de la primera promoción de vivienda de protección oficial en 1981, en el barrio El Casal de Abanto, tras recibir el Ejecutivo vasco la competencia del central. Desde entonces se han levantado más de 115.000 en Euskadi, un 90% promovidas por el Departamento y otras administraciones vascas y el resto desde la iniciativa privada.

En un debate entre cinco exconsejeros en 2018, todos coincidieron en que su desarrollo marcó el crecimiento de las ciudades. Solo en Bilbao, nacieron barrios como Txurdinaga. Y, si bien en un principio la percepción era negativa por su falta de calidad, la apuesta por materiales nobles y diseños de vanguardia en los 90 consolidó su aceptación. Más tras la aprobación de la llamada Ley Maturana (en recuerdo al exconsejero socialista que la promovió) que desde 1994 obliga a todo plan urbanístico a reservar parte a pisos protegidos (25% en suelos urbanos y 65% en urbanizables, porcentajes que hoy son del 40% y 75%, respectivamente).

También por aquellos años se generalizaron los sorteos. Miles de personas soñaban con conseguir la casa de su vida en el bombo. Un acto que adquirió tal relevancia que incluso los consejeros participaban en ellos. Aunque la proliferación de colectivos sociales contrarios al considerar que el derecho a una vivienda digna «no se sortea», supuso el principio del fin de estas convocatorias, que se hicieron innecesarias al fijarse en 2012 el actual sistema de baremación. Y la crisis acabó por dejarlas sin sentido hasta que han vuelto a surgir zonas golosas como Zorrozaurre, donde el pasado abril 500 personas optaron a 112 pisos tasados.

En torno a la venta de VPO, además, empezaron a surgir casos de fraude. Ya por eso en tiempos de Javier Madrazo (2001-2009) se impuso la calificación permanente a la VPO para evitar que pasase al mercado privado y se multiplicase el precio de venta, casi al mismo tiempo que se obligó por ley que el Gobierno vasco comprase todos los pisos protegidos y los revendiese a personas inscritas en el Servicio vasco de Vivienda Etxebide, registro que se creó también entonces. Hasta la venta pasó a ser en derecho de superficie a 75 años que reservaba la baza de recuperar el suelo al Ejecutivo.

Con todo, la picaresca se ha mantenido hasta la actualidad, y hace apenas unos meses el Departamento de Vivienda tuvo que estrechar el cerco contra los pelotazos. Ahora realiza un análisis exhaustivo de cada contrato que se firma para evitar el fraude ya que entre octubre del año pasado y febrero de este había detectado cuatro casos, dos en las torres de Garellano donde se intentaban vender dos pisos con sobreprecios de hasta 120.000 euros, y otros dos en Etxebarri y San Sebastián.

En cualquier caso, Pedro Jáuregui remarca que el cambio de la venta al alquiler que exige la Ley de Vivienda de 2015 responde «única y exclusivamente al cambio de la demanda de los ciudadanos»: No en vano, de los 64.086 vascos actualmente inscritos en Etxebide, el 85,8% se decanta por un piso en alquiler. Hace poco más de una década la proporción era a la inversa.

«Tenemos, por tanto, que impulsar el alquiler, incrementando en lo posible la producción actual», subraya. No en vano, el arrendamiento público se hace cada vez más necesario para dar respuesta al derecho subjetivo a la vivienda que también contempla la propia ley y que ya tienen reconocido 5.200 vascos. Así, para el año entrante ya se tiene en cartera el inicio en los tres territorios de 1.005 pisos protegidos y alojamientos dotacionales, minipisos que comparten servicios comunes con rentas bajas (250 euros de media), destinados especialmente a jóvenes y mayores.