El Gobierno vasco permitirá ampliar tres vertederos en Bizkaia y reabrir el de Artxanda

Según Tapia, el de Igorre tiene una capacidad importante - de 2,6 millones de toneladas- y está situado en un suelo de titularidad pública, aunque lo gestiona una empresa privada. El Gobiermo vasco pasará a gestionarlo. Su dirección será público- privada. «Aceptará fibrocemento y residuos inertizados en celdas específicas y nos garantizará muchísima capacidad hasta 2030», ha explicado. En el de Artxanda existe material peligroso «en una superficie no impermeabilizada, en un vaso se recogerá ese residuo, se restaurará y se captarán tierras y áridos de las obras que se están realizado en Bizkaia», ha relatado. El Gobierno vasco entrará en el accionariado de este vertedero, que empezaría a recibir residuos en 2024. Por otro lado, en los de Betearte y en Bistibieta, que seguiría aceptando fibrocemento, se ampliaría un poco la capacidad y se alargía algo su vida útil. En el de Zalla no se realizarán actuaciones, continuará con su llenado previsto.

Aun así, todos irán cerrando. En 2030 se habrían clausurado un total de 13 en toda Euskadi. El de Mallabia cerraría en 2024, el de Lemoa en 2027 y el de Artxanda en 2030. A partir de entonces, en Bizkaia solo quedarían el de Igorre y Zalla. En Álava, el de Gardelegi y en Gipuzkoa, el de Aizmendi, en San Marcos. Además, el Departamento también analiza otros tres vertederos de inertes que podrían albergar celdas de determinados residuos que ahora no se pueden reciclar, pero que puede que dentro de diez años sí.

Una vez sea clausurado un vertedero, habrá 30 años de seguimiento para la recuperación medioambiental del mismo. Se analizarán los lixiviados, la calidad del agua, y se tratará de recobrar el metano para evitar emisiones y se instalarán placas fotovoltaicas en estos espacios para generar energía, según ha explicado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco.

Arantxa Tapia ha detallado en una rueda de prensa la hoja de ruta para la reducción del vertido de residuos y las medidas que se tomarán para garantizar la capacidad de las instalaciones, conforme se recoge en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030. La consejera ha expuesto que Euskadi ha de ser «autosuficiente» y poder gestionar sus propios desechos hasta que se pongan en marcha diferentes proyectos de reciclaje. Ahora mismo hay 54 en marcha de 26 empresas, la mayoría privadas, para el reciclaje de 22 tipos de residuos diferentes y que permitirán reducir los depósitos en vertedero de escorias de acería, papel, plástico, tierras y RCDs, entre otros. También hay proyectos relacionados con el estudio del reciclaje de paneles solares, baterías o biomasa forestal.

La consejera ha destacado que se prevé una progresiva reducción de los residuos que ya se está produciendo. La orden de limitación de vertido, aprobada en 2020, que prohíbe llevar a vertedero determinados restos, como residuos de demolición y construcción o escorias de acería, obligando a su traslado a plantas de tratamiento y reciclaje, ya está dando resultados. En los próximos años también se prohibirá el vertido de otros materiales para favorecer que tengan nuevos usos: por ejemplo, plásticos.

El 1 de enero de 2023, mientras, entrará en vigor el canon estatal de vertido e incineración para los residuos no peligrosos, fijado en 10 euros por tonelada. En Euskadi, se ha elaborado una propuesta técnica que plantea subir dicha tasa progresivamente para llegar a 20 euros por tonelada en 2025. Además, se cobrará una nueva tasa por vertido de la que no se han ofrecido más detalles.

El Gobierno vasco participará de forma directa en la gestión de aquellas instalaciones que se amplíen temporalmente para dar cabida a los residuos. También se incluirán mayores garantías financieras para el sellado y post-clausura. Para todos los proyectos público-privados, prevé un paquete de inversiones de más de 390 millones. Y es que el Gobierno vasco, según ha añadido Tapia, intensificará las inspecciones y formará parte de la mesa de seguimiento de varios vertederos. El equipo encargado de las labores de inspección y sanción ya se ha ampliado en tres personas y se sumarán otras doce. «La experiencia nos dice que hay que hacer un seguimiento más estricto y cada tres meses examinaremos cómo se están llenando los vertederos», ha apuntado. Desde 2020 se han realizado estudios de estabilidad en seis vertederos y se han inspeccionado una vez al año. Además, también se están revisando sus licencias.

Euskadi también tendrá vertederos específicos para albergar amianto. Ahora, solo hay uno, según ha reconocido Tapia. Se trata del situado en La ley estatal de residuos obliga a los municipios a inventariar la existencia de amianto para 2025 y a retirar los que tengan mayor riesgo para 2028. Se construirán celdas específicas, en vertederos concretos, que albergarán, en las condiciones adecuadas, residuos de fibrocemento estructural. En Bizkaia se permitirán en el de Bistibieta, Artxanda e Igorre.

En cuanto a la supuesta implicación de tres funcionarios en el derrumbe de Zaldibar, que han de declarar en el juzgado de Durango, Tapia ha explicado que «el Gobierno vasco está a disposición de la Fiscalía». «Los técnicos siempre actúan con las mejores prácticas pero somos los primeros interesados en que se esclarezca todo lo que ha ocurrido en ese vertedero», ha apostillado.