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josé domínguez
Jueves, 9 de mayo 2019, 00:21
La fórmula de los alojamientos dotacionales, edificios integrados por 'minipisos' en régimen de alquiler protegido de entre 25 y 60 metros cuadrados que cuentan con ... la ventaja de compartir espacios comunes (desde salones a lavandería), comienza a afianzarse en Euskadi. El Gobierno vasco ya ha construido 459 en los tres territorios y tiene en obras, en proyecto o en estudio otros 1.330. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ve con tan buenos ojos «este nuevo modelo residencial» que quiere abrirlo al máximo posible de población beneficiaria. Con este objetivo el consejero Iñaki Arriola asegura que se incentivará especialmente su uso entre las personas mayores siempre que, a cambio, pongan sus casas en propiedad a disposición del programa de alquiler público Bizigune.
En realidad, el responsable socialista reconoce que esta alternativa ya está abierta a colectivos especiales, entre los que se encuentran las personas separadas y las mayores, aunque de momento su mayor aceptación se está produciendo entre los menores de 35 años. Su bajo precio, una media de 250 euros mensuales -aunque pueden llegar a 450 en función del número de habitaciones-, y el menor rechazo de la juventud a compartir espacios con otros, facilita su expansión entre esta franja poblacional que tiene serios problemas para independizarse y salir de casa de sus progenitores.
En cualquier caso, hay otra característica vinculada directamente a la edad que frena a los más veteranos. Este alquiler protegido tiene un límite de cinco años que nadie puede superar. «El objetivo inicial era facilitar la emancipación de los jóvenes, por eso se puso ese plazo máximo», reconoce el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi. Una condición de la que van a eximir «a los que superen los 70 años porque este límite no encaja nada bien con sus características». Entre otras cosas porque su régimen de jubilación hace pensar que ya no habrá «grandes variaciones ni en sus ingresos ni en el tamaño de su unidad familiar». Pero, ante todo, «porque hay que facilitar su estabilidad en entornos cómodos y accesibles».
Yoldi considera que este cambio animará a muchos a dar el paso definitivo al alojamiento dotacional. «Algunos en sus casas pueden tener barreras arquitectónicas que aquí desaparecen por completo», explica. Y, en otros casos, el propio tamaño de la vivienda se le hace ya demasiado grande y pesado a la hora de limpiar y mantener. Además, puntualiza que «el Departamento incide en las ventajas de estas promociones intergeneracionales, donde da mucha vida que residan juntos y compartan experiencias jóvenes y mayores».
Eso sí, el director remarca que estos inmuebles «no son una residencia, sino que buscan facilitar que la gente mayor permanezca el mayor tiempo posible y por sus propios medios en sus casas, en su entorno». Eso implica, en cualquier caso, que el usuario del 'minipiso' debe estar en buenas condiciones psíquicas y físicas, es decir, «que no tenga ninguna dependencia».
El Ejecutivo garantiza a estos arrendatarios entrados en edad, «permanecer en su nueva vivienda todo el tiempo que le apetezca, sin los límites de cinco años que se exigen al resto de colectivos». Y la única contraprestación es que su casa en propiedad se ponga a disposición de Bizigune. «En el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide tenemos a inscritos que, por su juventud o por no tener problemas físicos, pueden aprovechar al máximo estos inmuebles».
Además, el cambio puede resultar incluso económicamente beneficioso para el propietario porque, al margen de la renta que pagará por el minipiso, el Gobierno vasco le abonará «religiosamente hasta un máximo de 600 euros al mes por el alquiler protegido». Arriola remarca que los primeros convenios que facilitarán esta opción son los que ha firmado el Departamento con el Ayuntamiento de San Sebastián para levantar 300 alojamientos dotacionales.
1.789 alojamientos dotacionales hay, están obra o en proyecto, en Euskadi. La mitad en Gipuzkoa, el 40,5% en Bizkaia y el resto en Álava.
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