El Gobierno vasco instala puertas blindadas en pisos protegidos para evitar la entrada de 'okupas'

«Son paneles blindados que no se pueden abrir de una patada ni forzar la cerradura, sino que tendrían que hacer un agujero en la pared para entrar», explica el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui. Eso sí, su presencia de momento se concentra en zonas «conflictivas, donde ya hemos sufrido este problema en algún piso o detectamos que hay auténticas mafias que vigilan también los inmuebles privados». Hasta la fecha ya han puesto más de 20 puertas de este tipo, «sobre todo en dos barrios de Vitoria y en uno del Gran Bilbao».

El objetivo, insiste el responsable socialista, es evitar que se ocupen de forma ilegal estos pisos, «con toda la intención de agotar» los plazos que garantiza la ley antes de ser desalojados. «La mayoría se producen cuando finaliza un contrato y la casa queda vacía para adecentarla antes de volverla a alquilar», explica el viceconsejero de Vivienda. De los 21 casos judicializados, la mayoría se localiza en Vitoria, «varios en el Gran Bilbao y, puntualmente, alguno en Gipuzkoa».

El trastorno que se genera, subraya, es muy grande. «No sabemos cómo se enteran, pero en cuanto fuerzan la puerta y entran resulta muy difícil echarles, solo con una autorización judicial», lamenta. Y eso exige un litigio no inferior a «tres o cuatro meses», pero que se puede prolongar un año, «si median informes a ayuntamientos u otras instituciones». Situación similar a la que se da si «al acabar un contrato el inquilino se niega a marcharse o si lo hace sin avisar ni devolver las llaves». Entonces, «tampoco podemos entrar hasta que lo permite un juez».

Iñaki Arriola, en cualquier caso, recuerda que la mayoría de los desahucios en viviendas protegidas, el 60%, son por «impagos reiterados e injustificados». Y en todos los casos tras acreditarse «problemas e incumplimientos graves» de los inquilinos. Casi la mitad de estos lanzamientos están localizados en Álava, un 36% en Bizkaia y el resto en Gipuzkoa.

Pedro Jáuregui, por su parte, remarca que a «ninguna persona de buena fe» se la desahucia por un retraso en la renta o si demuestra que no puede pagarla por «causas justificadas o de fuerza mayor». De hecho, y aunque admita que su número «ha repuntando un poco en los últimos años», recuerda que estos 111 procesos judiciales «sólo representan el 0,79% del parque que gestiona Alokabide (13.985)». También desvela que más de la mitad de los casos que inicia su departamento no acaban finalmente en desalojo al reconducirse la situación mediante un plan de reestructuración de la deuda. «Ofrecemos aplazamientos o fraccionamientos, soluciones adaptadas a sus circunstancias, facilitando fórmulas con la mayor flexibilidad», remarca.

Lo que no le parece de recibo, argumenta, es mantener el contrato de alquiler protegido a aquel que «desatiende sin motivo razonable y de forma sistemática el pago de la renta, causa destrozos en la vivienda o perturba gravemente la vida de sus convecinos». Y pone el ejemplo de un caso vizcaíno judicializado y en espera de resolución, que solo pagó el primer mes de contrato y, desde entonces «ha desoído todos los requerimientos y mediaciones hasta acumular 13.450 euros de deuda». «No podemos permitir más casos como estos, que son irrecuperables, cuando tenemos una lista de espera de 55.000 personas para optar al alquiler de un piso protegido», zanja.

Noticia Relacionada

Aplazan a febrero el juicio por la ocupación de la casa de Vitori