

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
JOSÉ doMÍNGUEZ
Miércoles, 20 de noviembre 2019, 00:36
Los juzgados de Euskadi tramitan 111 desahucios en viviendas protegidas gestionadas en régimen de alquiler por el Gobierno vasco a través de su sociedad Alokabide. ... Y entre ellos resulta llamativo que uno de cada cinco estén protagonizados por 'okupas', personas que se adueñan ilegalmente de inmuebles privados, como los últimos casos que desataron la indignación vecinal y manifestaciones masivas en Portugalete y Santurtzi hasta lograr su desalojo. Un fenómeno que también se extiende al parque público, como revela el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, en una respuesta al grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos. Para atajarlo y prevenirlo, el Ejecutivo ha empezado a tomar medidas, como la instalación de puertas 'anti-intrusión'.
«Son paneles blindados que no se pueden abrir de una patada ni forzar la cerradura, sino que tendrían que hacer un agujero en la pared para entrar», explica el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui. Eso sí, su presencia de momento se concentra en zonas «conflictivas, donde ya hemos sufrido este problema en algún piso o detectamos que hay auténticas mafias que vigilan también los inmuebles privados». Hasta la fecha ya han puesto más de 20 puertas de este tipo, «sobre todo en dos barrios de Vitoria y en uno del Gran Bilbao».
El objetivo, insiste el responsable socialista, es evitar que se ocupen de forma ilegal estos pisos, «con toda la intención de agotar» los plazos que garantiza la ley antes de ser desalojados. «La mayoría se producen cuando finaliza un contrato y la casa queda vacía para adecentarla antes de volverla a alquilar», explica el viceconsejero de Vivienda. De los 21 casos judicializados, la mayoría se localiza en Vitoria, «varios en el Gran Bilbao y, puntualmente, alguno en Gipuzkoa».
El trastorno que se genera, subraya, es muy grande. «No sabemos cómo se enteran, pero en cuanto fuerzan la puerta y entran resulta muy difícil echarles, solo con una autorización judicial», lamenta. Y eso exige un litigio no inferior a «tres o cuatro meses», pero que se puede prolongar un año, «si median informes a ayuntamientos u otras instituciones». Situación similar a la que se da si «al acabar un contrato el inquilino se niega a marcharse o si lo hace sin avisar ni devolver las llaves». Entonces, «tampoco podemos entrar hasta que lo permite un juez».
Iñaki Arriola, en cualquier caso, recuerda que la mayoría de los desahucios en viviendas protegidas, el 60%, son por «impagos reiterados e injustificados». Y en todos los casos tras acreditarse «problemas e incumplimientos graves» de los inquilinos. Casi la mitad de estos lanzamientos están localizados en Álava, un 36% en Bizkaia y el resto en Gipuzkoa.
Pedro Jáuregui, por su parte, remarca que a «ninguna persona de buena fe» se la desahucia por un retraso en la renta o si demuestra que no puede pagarla por «causas justificadas o de fuerza mayor». De hecho, y aunque admita que su número «ha repuntando un poco en los últimos años», recuerda que estos 111 procesos judiciales «sólo representan el 0,79% del parque que gestiona Alokabide (13.985)». También desvela que más de la mitad de los casos que inicia su departamento no acaban finalmente en desalojo al reconducirse la situación mediante un plan de reestructuración de la deuda. «Ofrecemos aplazamientos o fraccionamientos, soluciones adaptadas a sus circunstancias, facilitando fórmulas con la mayor flexibilidad», remarca.
Lo que no le parece de recibo, argumenta, es mantener el contrato de alquiler protegido a aquel que «desatiende sin motivo razonable y de forma sistemática el pago de la renta, causa destrozos en la vivienda o perturba gravemente la vida de sus convecinos». Y pone el ejemplo de un caso vizcaíno judicializado y en espera de resolución, que solo pagó el primer mes de contrato y, desde entonces «ha desoído todos los requerimientos y mediaciones hasta acumular 13.450 euros de deuda». «No podemos permitir más casos como estos, que son irrecuperables, cuando tenemos una lista de espera de 55.000 personas para optar al alquiler de un piso protegido», zanja.
Noticia Relacionada
Iñaki Arriola insiste en que antes de iniciar un proceso de desahucio, la sociedad Alokabide agota sus opciones para «encauzar o remediar la situación» ante problemas de convivencia o mal uso de las viviendas. También en los casos de impagos, para evitar que «los deudores de buena fe nunca se vean implicados en estos procedimientos judiciales». Y remarca que las facilidades llegan al punto de acordar «rentas especiales de hasta 75 euros mensuales si merman los ingresos de la persona afectada». Todo para que una persona en riesgo de exclusión no se vea en la calle sin una alternativa habitacional. Un proceso garantista reforzado tras el protocolo suscrito con Eudel, por el que los servicios sociales de los ayuntamientos remiten informes de la situación de la familia.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Pillado en la A-1 drogado, con un arma y con más de 39.000 euros
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.