El Gobierno vasco habla de «accidente laboral» y elude asumir responsabilidades por el derrumbe

Era la comparecencia política más relevante de los últimos años. Iñigo Urkullu, acompañado de su Gabinete, acababa de anunciar el fin de la legislatura y la convocatoria electoral. Pero el lehendakari se vio obligado a dedicar ocho largos minutos de su intervención a justificar la gestión realizada por el Gobierno vasco en el derrumbe del vertedero de Zaldibar y a contrarrestar las críticas que ha recibido desde diferentes sectores – «campañas de Twitter», las calificó él– por no haberse implicado personalmente en la resolución del desprendimiento que colapsó el jueves la AP-8 y que mantiene sepultados desde entonces a dos trabajadores de la planta. «¿Alguien piensa que no he estado al tanto de todo? No se trata de estar por estar. Se trata de ser operativos. Intento deslindar cualquier tipo de presencia que suponga solamente una escenificación», aseguró con gesto severo Urkullu.

El lehendakari optó por calificar el incidente como un «fatal y fatídico accidente laboral» del que sería responsable una «empresa privada», en referencia a Verter Recycling 2002 SL. Una tesis ratificada al término de la primera reunión de la comisión técnica creada por el Ejecutivo, la Diputación y los ayuntamientos de Ermua, Zaldibar y Eibar para afrontar la crisis. «La responsabilidad es de la empresa propietaria del vertedero», señalaron.

Urkullu puso en valor el trabajo desempeñado por los equipos de emergencias y la coordinación exhibida entre Gobierno e institución foral desde que se produjo el alud, cuya prioridad es, «si fuera posible», encontrar los «cuerpos de los desaparecidos». En ningún momento habló Urkullu de errores de gestión, no ya después del colapso, cuando más de medio centenar de efectivos trabajó sin protección contra el amianto, sino tampoco en los controles públicos a los que era sometida la escombrera.

Pero el Gobierno vasco es consciente de la magnitud política que este suceso puede alcanzar en las próximas semanas, justo en plena precampaña electoral. De momento, hay dos trabajadores desaparecidos y las incógnitas referidas a las causas del derrumbe y el papel de las administraciones públicas siguen sin tener a día de hoy todas las respuestas. De ahí que ayer, cuatro días después del suceso, los máximos responsables del Ejecutivo dieran la cara públicamente. No sólo Urkullu por la tarde. A mediodía, los consejeros de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia (PNV), y el de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (PSE), fueron los encargados de comparecer para trasladar las últimas novedades sobre el incidente, cuando en los días previos habían sido sus viceconsejeros.

Como hiciera horas más tarde Urkullu, sus dos consejeros destacaron en todo momento la tarea desempeñada por los equipos de emergencia y los diferentes organismos públicos implicados en la gestión de la crisis. «Los medios aportados son todos los posibles y no se está escatimando el más mínimo esfuerzo», insistió Beltrán de Heredia. Y trataron de arrojar luz sobre algunas de las cuestiones que quedan por resolver. Por ejemplo, si el vertedero contaba con todos los permisos y por qué las inspecciones no pudieron prever los presuntos problemas de asentamiento que terminaron por provocar la avalancha.

En relación a la situación operativa de la escombrera en el momento del siniestro, aclararon que el recinto estaba al 75% de su capacidad máxima, cuantificada en 2,4 millones de toneladas, por lo que aún tenía opción de recibir 600.000 más. Además, aseguraron que la empresa disponía desde 2007 de una Autorización Ambiental Integrada para poder funcionar y había remitido el preceptivo Plan de Vigilancia Ambiental, con la relación de los residuos depositados, incluido el amianto.

La viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, presente también en la comparecencia, confirmó que en la última inspección que su departamento realizó a las instalaciones, en julio de 2019, sí se detectaron ciertas irregularidades menores –«había cosas pequeñas que no se estaban haciendo bien», explicó–, pero en ningún caso «nada de lo que vimos nos podía llevar a pensar que había riesgo de inestabilidad». El último trámite realizado por la empresa con la Administración, fechado el pasado 21 de enero, fue la presentación de un proyecto de sellado de una parte del vertedero, que incluía un plan de estabilidad de las laderas.

Moreno descartó con rotundidad que en la escombrera se estuvieran acumulando lindane u otro tipo de contaminantes, y que sólo el 0,6% de los desechos era «amianto aglomerado» procedente de restos de construcción. Asimismo, aclaró que el material no autorizado que se detectó en esa última inspección eran «plásticos» para los que las instalaciones no tenía los permisos. «Es decir, residuos que no tienen nada que ver con la estabilidad», remachó Arriola.