El Gobierno vasco frena la expropiación de un piso de VPO realquilado por habitaciones

«La paralización responde a una estrategia judicial porque nuestros servicios jurídicos nos han alertado de que al no estar culminado el expediente sancionador, pendiente todavía de la resolución de las alegaciones, podríamos estar dificultando el de expropiación», confirmaron portavoces del departamento. El primero se inició en septiembre del año pasado y el segundo en febrero. Sin embargo, el abogado del afectado, Mikel López Echeverría, recurrió este último alegando precisamente que todavía «no se ha dado respuesta» al que había presentado anteriormente en un intento de evitar la sanción. Sostiene que ambos están estrechamente relacionados, ya que están motivados por el alquiler de la vivienda protegida.

«Me sorprendió la noticia de la expropiación, que se quiso dar como aviso a navegantes, porque todavía estamos litigando una posible multa y al solicitar su suspensión el Gobierno vasco se dio cuenta de que había cometido un error», aseguró el letrado. Más cuando para él no está justificada la sanción y menos la retirada de la titularidad del piso, «porque entiendo que mi defendido no necesita autorización para arrendarlo».

Se explica. Asegura que la VPO se le entregó como contrapartida por la expropiación de su vivienda privada cuando se procedió a la ampliación de la carretera de Enekuri. «Un tiempo después, sin embargo, tuvo que marcharse a Álava por motivos laborales y, por las fechas de la adjudicación del piso, no le era exigible ninguna autorización para alquilarla», remarca.

En la viceconsejería de Vivienda, sin embargo, niegan la mayor. «Esta persona nunca ha tenido este permiso para alquilar un piso protegido, que se da solo en casos muy excepcionales, plenamente justificados y sobre todo temporales». Y, a juicio de los responsables autonómicos, la mejor prueba de que en esta caso no fue así «es que desde 2009 este inmueble ha estado siempre alquilado a distintas personas, como lo demuestra los numerosos empadronamientos que se han registrado allí en este tiempo». Y, remarcan, en el Departamento «solo figura una petición del propietario de una autorización del alquiler que data de 2014, después de haber recibido ya varios apercibimientos por su actuación irregular, y que no le fue aprobada».

Es más, a su juicio, la mejor prueba de ello es que el Gobierno vasco nunca ha recibido ni un contrato de arrendamiento, «para comprobar si estos inquilinos cumplían los requisitos para optar a una vivienda pública, como es obligatorio si se concede a algún propietario de VPO». Las mismas fuentes reconocen que las actuaciones se precipitaron al comprobar los inspectores que en el interior del inmueble vivían personas que aseguraron estar pagando 250 euros al mes por dormir en cada una de sus cuatro habitaciones. En este caso el casero no era el dueño, sino la persona a la que le había alquilado el piso, que subarrendaba las estancias. «Y no puede alegar desconocimiento porque se trata de un familiar directo, tan directo como que es su padre», desvelan desde la viceconsejería. Según remarcan, en cuanto esté culminado el trámite sancionador, «nuestra voluntad es retomar la expropiación para conseguir que la vivienda protegida cumpla realmente su objetivo y finalidad, que es ser habitada por personas con necesidades según los requisitos de Etxebide».