El Gobierno vasco favorecerá el alquiler protegido para las rentas medias

En Etxebide, de hecho, hay 16.183 unidades familiares que tienen esos ingresos inscritas como demandantes de alquiler. Suponen el 27% del total. «Es un importante segmento de población que tiene graves dificultades para conseguir una vivienda», ha señalado Arriola. Y se ven perjudicados porque «los criterios desarrollados para la adjudicación de vivienda y prestaciones se han centrado en las personas y grupos más desfavorecidos».

La consejería no desatenderá a este colectivo, «prioritario» ya que cuenta con unos ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales y supone el 56% de los inscritos. Aunque ampliará sus proyectos siguiendo las recomendaciones de un informe del Parlamento Europeo que recomienda extender las actuaciones en vivienda social a «grupos más amplios de población, como, por ejemplo, las clases medias-bajas, cuyas necesidades no se están viendo satisfechas por el mercado privado de la vivienda».

En ese sentido, el departamento baraja diferentes ideas, como que Visesa, además de promover viviendas sociales en alquiler destinadas a ser adquiridas por Alokabide, que las adjudica a las rentas más bajas, impulse VPO en régimen de arrendamiento para sectores con más recursos. También se reforzará el programa Bizigune, que moviliza pisos vacíos, y se apoyará a asociaciones y cooperativas para el desarrollo del 'cohousing'.

En cualquier caso, Arriola quiso ha querido destacar que «uno de cada dos hogares en alquiler en Euskadi cuenta hoy con algún nivel de protección, ya sea por disponer de una vivienda del parque público o por contar con una ayuda al pago de la renta». Consciente de que Euskadi carece de «un parque público de alquiler comparable al de los países de referencia», ha subrayado también que es la segunda comunidad, solo por detrás de Andalucía, con mayor número de viviendas sociales en alquiler, casi 24.000.