El Gobierno vasco detecta fraudes en 437 VPO de Bizkaia

De las 3.017 supervisiones que se llevaron a cabo solo en Bizkaia, los técnicos detectaron 437 casos fraudulentos, casi el doble que en 2022 y 2023, cuando se contabilizaron entre 267 y 223 irregularidades respectivamente. De ellos, sólo tres terminaron en sanción. El resto de los casos fueron subsanados. Así lo revela el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria al PP, en la que también especifica que los motivos más comunes para poner una multa son la ausencia prolongada y no justificada en la VPO, el alquiler no autorizado o que no esté siendo ocupada.

Pese a que el número de irregularidades detectadas se disparó el año pasado, no ocurrió lo mismo con las sanciones aplicadas. Mientras que en 2024 solo se pusieron tres multas con un importe total de 10.800 euros, en 2023 se registraron una docena de penalizaciones, incluso con menos inspecciones (2.906). La cuantía de las sanciones rozó los 40.000 euros. Y en 2022, con una treintena de infracciones, el Gobierno vasco recaudó más de 100.000 euros.

«Los pisos sociales de alquiler deben ser para quienes de verdad los necesitan y con la grave falta de vivienda que sufrimos no se puede ni tolerar ni mirar a otro lado», criticó ayer la parlamentaria popular Ana Morales, quien anunció que su partido presentará una iniciativa en la Cámara de Vitoria para pedir «más medidas para detectar y atajar estas irregularidades, pero también para disuadir y evitarlas». Entre sus propuestas se incluye la puesta en marcha de un 'teléfono antiFraude' para denunciar de forma anónima cualquier irregularidad.

En el conjunto de Euskadi, los inspectores se presentaron 'in fraganti' en 1.102 viviendas y penalizaron a seis de ellas el pasado ejercicio, tres en Bizkaia y las otras tres en Gipuzkoa. Álava fue el territorio en el que más casos irregulares se hallaron, en concreto 604, aunque ninguno de ellos terminó en castigo. En 2023 sin embargo se identificaron en el País Vasco 369 fraudes y 416 en 2022.

Con cerca de 100.000 personas inscritas en Etxebide a la espera de lograr una VPO, el Gobierno vasco siempre se ha mantenido tajante a la hora de asegurar que no se va a permitir «impunidad» en el parque público de viviendas. Así ocurre también con los lanzamientos. En 2024 el Departamento de Vivienda desahució a 49 familias de Euskadi -19 vizcaínas- que residían en alquileres protegidos tras meses de incumplimientos de contrato. Representan el 0,32% de los 15.336 alquileres que están ocupados en la comunidad autónoma.