La planta Profersa de Zorroza seguirá cerrada hasta que haya «garantías de seguridad»

Fue la segunda alarma en 15 días. El 2 de mayo, una reacción química causada por la mezcla de fertilizantes y agua generó un revuelo también reseñable. En aquel momento, el Ejecutivo autonómico manifestó que, al diluirse en el aire las sustancias que salieron a la atmósfera, el episodio resultó «inocuo».

Del último escape no se conocen demasiados datos. Se sabe que hubo combustión. Los Bomberos utilizaron espuma y trajes de protección química. Los vecinos se mostraron muy preocupados. «El aire es irrespirable», dijeron varios de ellos al llamar al 112. También ha trascendido que los inspectores de Medio Ambiente han trabajado en la planta en los últimos días para analizar lo sucedido y las posibles consecuencias. La factoría estaba parada desde el mismo sábado a la noche por decisión de la propia empresa, que comunicó a las autoridades su voluntad de tomar una serie de medidas temporales para «controlar la situación» antes de volver a arrancar.

Ayer, el Gobierno vasco ordenó el cierre cautelar por un plazo de tiempo indefinido. Es decir, no hay una fecha concreta para que la actividad de producción de fertilizantes vuelva. El plazo será más o menos largo, en función del cumplimiento de una batería de acciones correctoras que se han dictado. Fuentes de Medio Ambiente insisten en que la planta permanecerá parada hasta que «no se implanten las medidas necesarias para evitar la repetición de incidentes similiares, que, en cualquier caso, deberán comprobarse mediante la inspección previa». En este sentido, afirman que el objetivo es «garantizar la plena seguridad». Antes de 10 días, la firma de fertilizantes tiene que presentar un nuevo informe sobre lo sucedido y sobre qué se puede hacer para cumplir con esa meta, según ha podido saber EL CORREO.

El cierre cautelar de Profersa se produce en un momento de inflexión en la historia de esta factoría y de las instalaciones que están en su misma parcela y que pertenecen a Sader, otra empresa del Grupo Agaleus y que se dedica a neutralizar residuos (peligrosos y no peligrosos). Los vecinos llevan décadas exigiendo el traslado de ambas instalaciones. Hay que tener en cuenta que Sader es la última industria con un alto potencial contaminante -necesita de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) para operar- dentro del casco urbano de la capital.

Críticas de la oposición

En el último mes y medio se ha producido una cascada de acontecimientos relacionados con Agaleus. El primero fue el anuncio de que Gipuzkoa llevaría a Zorroza todos los lixiviados de sus vertederos para tratamiento, después de que el Gobierno navarro calificara de «ilegales» los envíos realizados por la Diputación vecina. Poco después, este diario informó de que el Ayuntamiento y Sader negociaban una actualización del convenio que ambas partes mantienen vivo desde hace casi una década para la salida de esta empresa de Bilbao. Las últimas novedades apuntaban a que, si se mantenía la hoja de ruta acordada, no se produciría el cierre hasta 2028.

Los vecinos no tardaron en reaccionar. Crearon una plataforma y 14 grupos sociales convocaron una protesta el 2 de mayo para exigir «aire limpio» y el traslado de Sader-Profersa. El 26 de abril tuvo lugar el primer incidente. Solo cuatro días después se supo que Agaleus intenta establecerse en el Puerto, lo que aceleraría el cierre de Sader. Tras la decisión de ayer, tanto Elkarrekin-Podemos como EH Bildu mostraron su respaldo a los vecinos. La coalición morada advirtió de que «no pararemos hasta que Sader salga de Bilbao». La formación abertzale, por su parte, afirmó que los últimos incidentes «ponen en evidencia la falta de seguridad reiterada por los residentes».