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El Departamento vasco de Salud ha cesado a Frumencio Molinero, responsable de la contratación de las ambulancias, por los continuados problemas en el traslado de ... los pacientes. La crisis de las ambulancias se salda así con el relevo del que fuera desde 2018 director de Aseguramiento y Contratación Sanitarias, sustituido por Jaime Ruiz de Eguino. El Gobierno vasco busca con este giro de dirección «reconducir» un servicio que desde hace meses genera gran malestar y críticas entre la ciudadanía. Y es que la falta de personal y gestión de las ambulancias ha provocado retrasos de más de diez horas en el desplazamiento no urgente de los pacientes y ha obligado incluso a familiares a tener que disponer de un medio de transporte alternativo para llevar a los enfermos a casa.
Con el cambio el Ejecutivo quiere «priorizar y reforzar» el servicio de las ambulancias que son gestionadas por las empresas externas, además de velar por el cumplimiento de los contratos. En Euskadi el transporte sanitario se divide en varias partes. Las UVI móviles y el helicóptero los gestiona directamente Osakidetza, mientras que el servicio urgente y el programado está contratado a empresas. Una prestación que afecta sobre todo a personas mayores y vulnerables. En el caso de Bizkaia y Álava este servicio se adjudicó a la cooperativa La Pau, quien mantiene un conflicto con sus trabajadores que ha acabado con huelgas indefinidas, decenas sabotajes de vehículos e importantes vacíos asistenciales. La consejería quiere revertir la situación y «garantizar al máximo la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes».
Junto a la vivienda, la sanidad es uno de los ejes estratégicos del Gobierno vasco. Así lo volvió a recordar ayer el lehendakari, Imanol Pradales, tras el tradicional Consejo de Gobierno de Miramar. Y la cesión de Molinero es el primer paso que el Departamento ha dado para solucionar un problema que lleva enquistado meses. El anuncio, además, se ha dado a una semana de que se forme la mesa del pacto vasco por la salud, un encuentro con el que se planteará junto con los agentes del sector «una nueva metodología de trabajo» para devolver el prestigio perdido a Osakidetza, que es precisamente una de las prioridades del consejero Alberto Martínez. El responsable de Salud cogió las riendas del Departamento el pasado mes de junio con el propósito de «mejorar la calidad» de la sanidad vasca y resolver conflictos que llevaban demasiado tiempo encima de la mesa. De hecho, una de sus primeras acciones fue pactar el mantenimiento de la cirugía cardiaca en el hospital de Basurto. Ahora la prioridad es acabar con las deficiencias de las ambulancias.
La gestión del transporte sanitario urgente y programado por parte de la cooperativa La Pau se ha visto empañada por diversos conflictos. Los trabajadores, que alegan «no haber vivido nunca una situación de desorganización como la actual», iniciaron una huelga en octubre que se recrudeció en febrero cuando los paros se volvieron indefinidos. Aunque en abril la empresa y los operarios llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto, los incidentes continuaron. La empresa justifica los retrasos en las asistencias al alto porcentaje de absentismo laboral consecuencia de una «huelga encubierta» y «de celo» de la plantilla. Mientras tanto, los operadores critican la «desorganización» de la compañía y los «impagos de la paga extra de verano».
El enfrentamiento laboral llevó a UGT a elevar el tono en junio y presentar un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi por las faltas «muy graves» de la Inspección de Trabajo que arrastra la compañía, como el retraso en el pago de las nóminas. El organismo dependiente del área de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco estimó parcialmente el recurso y suspendió la licitación, aunque finalmente el Ejecutivo volvió a optar por mantenerla después de que la compañía presentase una serie de medidas correctoras para garantizar que estos hechos no se volverían a repetir.
La falta de entendimiento entre empresa y trabajadores, lejos de mejorar la calidad de la prestación, la ha «precarizado». Algo que quiere restituir el Gobierno vasco con la cesión de Molinero. El papel de Jaime Ruiz de Eguino será por tanto clave en esta nueva legislatura. De 55 años de edad y originario de Asparrena (Álava). Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, cuenta con un máster Finanzas y con un programa avanzado de Dirección Sanitaria.
Su carrera en Osakidetza comenzó hace años. Desde 2012 y hasta su nombramiento oficial en el tradicional Consejo de Gobierno de Miramar, Ruiz de Eguino ocupó el puesto de director económico y financiero de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de la comarca de Debagoiena. Un cargo que aceptó después de haber desempeñado el mismo trabajo entre 2006 y 2012 en el hospital de Alto Deba. Asimismo, entre 2003 y 2006 fue jefe de sección administrativa de la subdirección de presupuestos de Osakidetza.
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