Uber recurre el decreto de Lakua que frena su expansión

El Ejecutivo autonómico dio este martes el visto bueno a una nueva normativa para regular las VTC. El reglamento entrará en vigor el sábado, 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, aunque quedará en el aire hasta que los jueces se pronuncien sobre la medida cautelar que Uber va a solicitar instando a su suspensión. Los tres aspectos básicos (y más polémicos) del texto legal son la obligación por parte del usuario de tener que contratar el servicio con un mínimo de 30 minutos de antelación, la imposibilidad de recorrer la vía pública en busca de clientes y la prohibición de proporcionar información sobre la posición exacta en la que se encuentran los coches (geolocalización).

De estos tres requisitos, el de la precontratación es, sin duda, el que más daño hace a plataformas como Uber o Cabify, que están basadas en la inmediatez y en la utilización de tecnología. Este ha sido, además, el flanco por el que la patronal de las VTC ha atacado la primera normativa autonómica que se puso hace unos meses en marcha en España. Barcelona aprobó un decreto que fijaba una precontratación con un margen de 60 minutos. En julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente este articulo de la ley y advirtió, a la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto, que resultaba «contraria a la libertad de empresa y discriminatoria» frente a los taxis.

En términos similares se ha pronunciado la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sobre el decreto rubricado este martes por el Gobierno vasco. Este organismo independiente pero adscrito al Ejecutivo autonómico considera que el texto legal es «discriminatorio» y «restrictivo» en muchos aspectos.

Este martes, tras la aprobación del decreto, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, defendió que la normativa vasca «cumple escrupulosamente» la legalidad y que sigue las directrices de «un real decreto aprobado por el Gobierno central». Recordó que en 2022 las VTC tendrán prohibido realizar traslados meramente urbanos. Tapia también destacó que «no hay enfrentamientos» entre las VTC y el taxi. Y que el decreto salió adelante con el «consenso» de ambos sectores. En realidad, en el País Vasco hay únicamente 96 licencias de estas características. Es decir, aquí no ha habido un fenómeno de burbuja como ha sucedido en Barcelona y Madrid, donde se han implantado miles de conductores en los últimos años. Las VTC y el taxi han convivido pacíficamente en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Una parte importante pertenece a extaxistas que tienen clientes fijos y decidieron, en su día, salirse de las tradicionales cooperativas. Existen dos patronales: Asovas y Unauto. Esta última no fue invitada a la mesa de negociación.

El fenómeno de las grandes plataformas está aún por llegar. Sólo en Bizkaia hay 252 licencias judicializadas (cerca de un centenar ya con sentencia firme). Se trata de contenciosos interpuestos por empresarios que suelen traspasar este tipo de permisos a Uber o Cabify. A la Diputación no le va a quedar otro remedio que tramitarlas. Sin embargo, las nuevas VTC se encontrarán ahora con este decreto. Todo apunta a que habrá un desenlace, otra vez, en los tribunales. Los taxistas por ahora se muestran satisfechos, aunque exigen que se aplique la ley desde el minuto cero. «Le pediremos a las autoridades que pongan todos los medios para verificar que se cumple la nueva norma», afirma Borja Musons, portavoz de RadioTaxi Bilbao.